Hasta 12 años cárcel por huachicoleo de agua en la Ciudad de México. Urge

El Congreso de la Ciudad de México aprobó reformas al Código Penal para tipificar y sancionar el delito de huachicoleo de agua, para quien extraiga, comercialice y aproveche ilegalmente este recurso hídrico.

Esta iniciativa fue presentada por la diputada Olivia Garza, con el objetivo de cerrar vacíos legales y dotar a las autoridades de herramientas para perseguir una práctica que opera mediante tomas clandestinas, redes irregulares y esquemas de lucro alrededor de un recurso indispensable para la población.

“Durante años hubo quienes encontraron en la escasez una oportunidad de negocio. Hoy esa práctica deja de encontrar espacios de impunidad”, sostuvo.

La reforma establece sanciones para quienes sustraigan, exploten, transporten o comercialicen agua alterando infraestructura hidráulica sin autorización con una pena de 6 a 10 años de prisión y multas que van de los 11 mil 731 pesos a los 58 mil 655 pesos.

Además, cuando el robo tenga como finalidad almacenar, distribuir o suministrar agua para obtener un beneficio económico, las sanciones aumentarán a 6 y hasta 12 años de prisión, con multas de entre 23 mil 462 pesos y hasta 234 mil 620 pesos.

“Robar agua no significa solamente afectar una tubería o una red de distribución, significa afectar el acceso de miles de familias a un derecho humano”, enfatizó.

También se sancionará la comercialización ilícita mediante pipas, vehículos cisterna, redes alternas u otros medios cuando no exista concesión o autorización legal con penas que van de 2 a 8 años de prisión y multas de entre 35 mil 193 y 70 mil 386 pesos.

La reforma también contempla responsabilidades para quienes manipulen medidores o alteren infraestructura hídrica para evitar pagos o modificar el suministro.

En esos casos se impondrán sanciones de 3 a 6 años de prisión y multas que van de los 35 mil 193 pesos hasta los 70 mil 386 pesos.

En el caso de servidores públicos que participen, faciliten o se beneficien de estas conductas, además de las sanciones penales podrán aplicarse medidas de destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos.

La legisladora panista añadió que la aprobación de esta propuesta representa un paso para enfrentar una práctica que no solamente genera pérdidas económicas, sino que también profundiza desigualdades y afecta el acceso al agua en diversas zonas de la Ciudad.

“Hoy el huachicoleo del agua deja atrás la impunidad y comienza a enfrentar sanciones claras y contundentes”, finalizó.

Suplente de Enrique Inzunza debe ser

llamado a ocupar curul. Por abandono

El Senado de la Republica es el espacio para defender a los ciudadanos no para esconderse de la justicia lo que hoy vemos con el senador Enrique Inzunza, es un insulto a la legalidad y una falta de respeto absoluta a quienes exigen resultados.  

Así lo sostuvo la diputada federal del Genoveva Huerta, quien lamentó que su escaño siga vacío mientras el país se enfrenta a retos enormes. “Él no asiste a las sesiones, el motivo una investigación abierta por parte de las autoridades de Estados Unidos, es gravísimo que un legislador federal prefiera la ausencia antes que dar la cara”.

De acuerdo a la panista, el fuero constitucional se creó para proteger la libertad de expresión de los legisladores no para convertirse en un manto de impunidad frente a señalamientos criminales internacionales.

“México no puede permitir que sus instituciones sean utilizadas como refugio y la regla es muy clara en la ley: si un senador no puede o no quiere cumplir con su responsabilidad constitucional debe pedir licencia formal de inmediato”.

Huerta añadió que Inzunza, sino va a trabajar, debe permitir que el suplente suba para trabajar por el país. “Pero también esperamos que este personaje no este también embarrado en las acusaciones ni tenga mando en la estructura criminal e institucional del gobierno de Sinaloa con el narco”.

Detalló que el país y el Congreso de la Unión merecen dignidad y los ciudadanos merecen también respuestas claras. “Por lo mismo, exigimos transparencia, rendición de cuentas y que se termine la simulación”.

El secretario general del PAN CDMX, Héctor Barrera Marmolejo, se unió a este llamado de acabar con la “narcopolítica” y desterrar al crimen organizado del Senado de la República empezando por Enrique Inzunza, además del Poder Judicial estatal que también tiene raíces criminales con personajes afines de Rubén Rocha.

Rafael Calderón Jiménez, consejero del PAN, precisó Inzunza debe perder el fuero que le otorga la Constitución y dar la cara no sólo a la Fiscalía “carnal” de Ernestina Godoy, sino también tendría que entregarse y cooperar con las autoridades del gobierno de Estados Unidos. “México ya no resiste más el Narco Estado que dejo Andrés Manuel López Obrador”.

Los panistas recriminaron también que Andy López Beltrán quiera el fuero de legislador federal, ya que seguramente, indicaron “correrá con la misma suerte que Rubén Rocha Moya y sus secuaces”.