Hacia una política nacional sobre dispositivos digitales en las escuelas

La decisión de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de escuchar a las maestras y los maestros antes de emitir los lineamientos nacionales para la regulación de dispositivos digitales en la educación básica es un paso acertado en el diseño de las políticas públicas del país.

Consultar a quienes están al frente de los salones de clase reconoce su papel central en la dinámica escolar. No obstante, para que este amplio ejercicio se traduzca en una normatividad efectiva, aplicable y justa, se deben abordar de forma oportuna los riesgos y omisiones que puede suscitar el diseño de esta primera consulta.

El primer riesgo está en emitir reglas de cumplimiento obligatorio sin contar con información sobre la infraestructura de las escuelas. La experiencia internacional enseña que exigir el resguardo o la restricción de teléfonos sin el equipamiento adecuado traslada una carga operativa y de responsabilidad a docentes y directivos, lo que dificulta la implementación de las medidas.

Actualmente, el cuestionario indaga sobre los apoyos prioritarios que los planteles necesitan (como mecanismos de resguardo o protocolos), pero no averigua si éstos cuentan con casilleros, conexión a internet o equipos propios.

El segundo riesgo radica en la posibilidad de generar un efecto regresivo. De acuerdo con análisis basados en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 73.1% de los hogares en los estratos socioeconómicos bajos no dispone de computadora o tableta, por lo que el celular es su único canal de conectividad.

Además, sólo el 26.1% de los estudiantes de este sector se conecta a internet dentro de la escuela, en comparación con el 57.2% en el estrato alto. Si se aplica una prohibición o restricción idéntica para todos los planteles sin distinguir las condiciones de su comunidad, se corre el riesgo de privar a las y los alumnos de sectores vulnerables de su único recurso de acceso al mundo digital, lo que acentúa las brechas educativas.

Un tercer aspecto que conviene fortalecer es el enfoque del instrumento. De los reactivos sustantivos, la gran mayoría se concentra en medir afectaciones y riesgos, reservando un espacio mínimo para evaluar el uso pedagógico de la tecnología.

El dispositivo digital representa una fuente potencial de distracción, pero también es una herramienta con la cual millones de estudiantes realizan actividades escolares y complementan sus aprendizajes.

La urgencia de actuar radica en que una consulta de esta escala requiere planificación y un análisis cuidadoso, antes de redactar la norma. Por ello, se propone complementar el proceso con una serie de consultas que incorporen mediciones sobre la infraestructura de los centros de trabajo, escuchen a madres, padres de familia y al propio estudiantado, e integren los aprendizajes de las 16 entidades federativas que ya implementan disposiciones locales.

Propuestas de política pública. Levantar un módulo sobre capacidad instalada e infraestructura: Medir la disponibilidad de conectividad, equipos propios y espacios seguros de resguardo en cada plantel a través de un conjunto breve de reactivos específicos, que garantice la adaptabilidad de la norma a las posibilidades reales de cada escuela.

Promover una regulación diferenciada y con enfoque pedagógico: Diseñar lineamientos flexibles que distingan entre el nivel educativo y la edad de los estudiantes, delimitando el uso que interrumpe la clase del uso pedagógico que fortalece los aprendizajes.

Publicar la base de datos anonimizada y transparentar la metodología: Poner a disposición pública los microdatos del levantamiento para incentivar la colaboración de las comunidades académicas y la sociedad civil en el análisis de los resultados.

Ampliar el diálogo con familias y estudiantes: Aprovechar los canales existentes, como las asambleas del programa La Escuela es Nuestra (LEEN) y asociaciones de familias, para involucrar a madres, padres y cuidadores en las consultas para la elaboración de lineamientos y la corresponsabilidad del uso digital.

Desde México Evalúa y la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad (IEEC) del Tecnológico de Monterrey, reiteramos nuestra disposición para colaborar con la SEP y las autoridades educativas estatales.

Ponemos a disposición de los tomadores de decisiones nuestras capacidades analíticas y propuestas metodológicas para enriquecer este ejercicio histórico, asegurando que la futura regulación proteja el bienestar estudiantil, promueva el aprendizaje y garantice la equidad en el sistema educativo nacional.