Gobierno federal ejecuta acción legal contra un aprovechamiento agua y obras hidráulicas ilegales

El Gobierno de México, mediante la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se presentó en el rancho “El Saucito”, en el municipio de Balleza, Chihuahua, propiedad de César Duarte Jáquez, para demoler presas y represas ilegales, recuperar zonas federales y cancelar tomas de agua superficiales y subterráneas, realizadas al margen de la ley y los procedimientos establecidos en la normatividad de la materia.

Como parte de la ejecución de la sanción impuesta por la Conagua, se inició la demolición de una de las represas, se realizó el desfogue total del agua almacenada en dos de ellas, se clausuró un aprovechamiento subterráneo y uno superficial y se removió una de las dos compuertas de la presa principal.

Estas acciones se derivan de inspecciones y un procedimiento administrativo, mismo que fue impugnando por el responsable, ante el Poder Judicial de la Federación, instancia que confirmó la determinación de la Conagua, negando el amparo y la protección de la justicia al propietario del inmueble. Dichas resoluciones se encuentran firmes.

Sin embargo, poco después de las 17: 30 horas, los trabajos fueron interrumpidos, debido a que presuntos familiares del exgobernador informaron sobre el otorgamiento de una suspensión provisional, por parte de una jueza federal.

Aunque Conagua consultó y localizó información relacionada con el asunto en el sistema público de servicios y trámites de consulta de expedientes del Consejo de la Judicatura Federal, hasta el momento no se cuenta con alguna notificación formal por parte de la autoridad jurisdiccional.

Adicionalmente a los procedimientos internos, se presentará una denuncia ante la Fiscalía General de la República por el delito de uso ilegal del agua contenida en la infraestructura hidráulica localizada en la propiedad, ya que no se puede permitir la apropiación privada de un recurso de la nación.

Conagua reitera que, ante el escenario de estrés hídrico que experimenta nuestro país, ningún derecho de índole particular puede estar por encima del interés social ni permitirse la contravención sistemática del marco regulatorio del agua.

Por ello, cualquier persona que, al margen de la ley, impida o menoscabe el disfrute de este derecho humano fundamental, debe afrontar las consecuencias jurídicas por su conducta.

El Gobierno de México, mediante la Conagua, reitera su compromiso de mantener una supervisión permanente e implementar acciones encaminadas a desincentivar prácticas de quienes, al amparo del poder o a través de un artificio, buscan evadir la ley y los controles de esta autoridad para lograr una condición privilegiada en el uso y aprovechamiento del agua, pues, como lo ha establecido la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en todo momento nuestro principal objetivo es administrar el agua para garantizar el derecho humano a este recurso para todo el pueblo de México, en especial a los grupos más vulnerables.