Gobierno de Veracruz reprueba en la Fiscalización recursos atención médica del estado; daño patrimonial 87 mdp

A través de un mecanismo presuntamente ilegal y manejo discrecional del presupuesto para la salud en Veracruz, se malversó dinero público en el ejercicio 2025 y se ejecutó el pago de nóminas fuera de norma.

Ante este hecho, el diputado federal del PAN, Ernesto Sánchez Rodríguez, indicó que no debe ser un acto aislado, sino que tiene que haber responsabilidades administrativas y quizá hasta penales, ya que la salud y la crisis medica de los veracruzanos siempre ha sido un tema que las autoridades de Morena no han querido atender ni resolver.

De acuerdo con el Informe Individual de la Auditoría 2118 sobre la Cuenta Pública 2025, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitió un dictamen negativo contra la administración estatal de Veracruz, donde hay 87 millones 419 mil 439 pesos del gasto en salud redireccionado a un rubro de nóminas.

De acuerdo al reporte, el dinero de los Servicios de Salud de Veracruz autorizado para el ejercicio 2025, fue aplicado para saldar nóminas del ejercicio fiscal 2024.

Ernesto Sánchez dijo que fue sin contar con las autorizaciones legales, presupuestales ni la documentación comprobatoria que justificara dicho desvío de anualidad.

El Informe también evidenció fallas severas en los controles administrativos internos. “Es importante resaltar que los servicios y la calidad de salud que ofrece el gobierno de Morena en Veracruz alcanzó una calificación de 65.4 sobre 100 puntos en su nivel de control interno, tras constatar que la dependencia estatal ignoró las recomendaciones emitidas en la Cuenta Pública 2024”.

El diputado del PAN comentó que la crisis hospitalaria y médica no solo sucede en Veracruz, es un tema que se ha extendido en todo México, donde, por ejemplo, “el IMSS y nada, es lo mismo”.

“Exhortamos a la Secretaría Anticorrupción a investigar las finanzas del gobierno de Veracruz luego del reporte negativo de la ASF, además de que se finquen las responsabilidades administrativas y penales, ya que un hecho como este no debe quedar impune en una entidad donde son los propios familiares y doctores quienes compran las medicinas de sus pacientes”.