Gobierno de la CDMX debe aclarar convenios con asociaciones civiles

Debido a que el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), y la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (SIBISO, capitalinos, no tienen programas para ayudar a menores con discapacidad auditiva, pero delegan esa tarea a la asociación civil “Audio-Amigo I.A.P.”, es necesario conocer bajó qué acuerdo o norma proceden de esa manera, exigió la diputada local del PRD, Polimnia Romana Sierra Bárcena.

Para ello, presentó un punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, ante el Pleno del Congreso capitalino, para solicitar a los titulares de la SIBISO, Rigoberto Salgado Vázquez; del DIF, Rebeca Olivia Sánchez Sandín; y de la Secretaría de Administración y Finanzas, Luz Elena González Escobar, para que informen sobre el o los programas y contratos que celebren con instituciones privadas, para la entrega de aparatos auditivos. La propuesta fue aprobada por mayoría del Pleno.

“Empecemos por exigir claridad, imparcialidad, rendición de cuentas y transparencia. No criticamos que el gobierno se apoye de instituciones para la atención de personas con discapacidad, y reconocemos la labor altruista de todas esas asociaciones y organizaciones civiles sin fines de lucro que celebren convenios de colaboración con el Gobierno, pero debe haber claridad”, enfatizó desde tribuna.

Recordó que es un derecho de las personas con discapacidad auditiva en esta Ciudad, recibir aparatos auditivos de manera gratuita por prescripción médica, responsabilidad que recae en la SIBISO, sujeta al cumplimiento de los requisitos que establezca el Programa correspondiente de Aparatos Auditivos Gratuitos.

Incluso, comentó que ha canalizado diversas solicitudes, “y todas son remitidas al DIF y éste, a su vez, las canaliza a una Institución de Asistencia Privada denominada Audio Amigo, I.A.P., sin que haya sido posible atender peticiones ciudadanas, como la de una menor con hipoacusia severa en ambos oídos”, denunció la perredista.

Lo grave del asunto, dijo, “es que cuatro meses después de realizada la petición, el DIF respondió que no contaba con un programa y canalizó a la menor a una institución de asistencia privada. Cuatro meses sin poder escuchar y realizar su vida dentro de cierta normalidad. Tal vez años de tener el padecimiento. Es demasiado tiempo para el desarrollo óptimo de un menor en estado vulnerable”, lamentó.

Además, reveló que esta petición directamente al DIF, al cual la SIBISO remitió las solicitudes, “el DIF informó luego de cuatro meses”, que no cuenta con un programa durante el ejercicio fiscal 2023 para la entrega de auxiliares auditivos.

Sin embargo, ambas instituciones informaron sobre la existencia de un Programa de Coinversión, pero que la “Asociación Civil Audio Amigo” se encarga de él y hasta realiza la entrega de esos aparatos auditivos.

“Revisamos en internet y esa institución apoya desde hace muchos años a personas con discapacidad, lo cual es muy loable. Sin embargo, es menester saber con precisión por qué la Secretaría no elabora y presenta el programa que establece la ley y provee directamente los aparatos”, enfatizó Sierra Bárcena.

De allí que consideró que debe elaborarse un programa gubernamental y gestionar el presupuesto, para que sea el Gobierno de la Ciudad, a través de la SIBISO, la que cumpla con la obligación que en la ley se establece y no “delegar” de alguna forma esta responsabilidad a organizaciones privadas.

Además, reveló que en internet encontró información de un par de convenios de colaboración por 100 mil y 500 mil pesos, en los que se mencionan acciones diversas adicionales a la entrega de aparatos, así como acciones de supervisión del convenio.

Por lo cual, exige conocer cómo se transparentan diversos aspectos: ¿Quién y cómo elige la alcaldía en la que distribuirán los aparatos?; ¿Quién y cómo deciden si la persona requiere los aparatos y de qué tipo?; ¿Si existe un padrón o lista de espera de los posibles beneficiarios que han solicitado los aparatos, que garantice la entrega en orden de urgencia, con equidad y no discriminación; y ¿Cuáles son las acciones de supervisión que realiza la autoridad para la aplicación transparente de los recursos públicos que otorga a esa institución y otras que desarrollen el mismo programa?

Ante este panorama, solicitó al pleno aprobar este punto de acuerdo, porque involucra a menores que no pueden continuar con su vida por una situación de pobreza que impide acceder a esos equipos de alto costo, “por lo que hagamos honor a los principios que han venido guiando a este Congreso para apoyar a los que menos tienen”, insistió.

Con dos votos encontra, de los diputados de MORENA, Guadalupe Chávez Contreras y Gerardo Villanueva, el punto fue aprobado por mayoría; es decir, diputados del PRD, PRI y PAN.