Gobernar no solo es administrar los conflictos, si no resolverlos en CDMX

EDMUNDO OLIVARES ALCALA. ……………………..

La existencia de personas contratadas para boicotear los discursos de los diputados del PAN y PRI, quienes cuestionan la política de los funcionarios que comparecen en el Congreso de la Ciudad de México (CCDMX), han llegado a la violencia verbal, ofensivos y retadores, obligando a los oradores a suspender su intervención.

Ya se volvió costumbre que los diputados de Moren invadan, de gente violenta, las gradas del recinto de Donceles para actuar inmediatamente cuando sus homólogos de los partidos de oposición, cuestionen a los políticos que acuden a comparecer.

En esta ocasión le tocó al diputado del PAN, en el CCDMX Ricardo Rubió, a quien grupos de personas que fueron identificados como simpatizantes de Morena ejercieron la violencia verbal, obligaron a orador a guardar silencio y suspender momentáneamente su intervención.

El Diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Rubio Torres, cuestionó la falta de indicadores claros para evaluar los resultados de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, durante la comparecencia de su titular, César Cravioto Romero, ante el Congreso capitalino.

A nombre del Grupo Parlamentario del PAN, Rubio sostuvo que gobernar no consiste en contabilizar reuniones, operativos y mesas de trabajo, sino en ofrecer soluciones concretas a los problemas que enfrentan las y los habitantes de la capital.

“Atender no es resolver; dialogar no es cumplir; y contabilizar reuniones no es gobernar”, afirmó el legislador al contrastar las cifras presentadas por la dependencia con la falta de información sobre los resultados efectivos de su gestión.

El Diputado señaló que el informe reporta 5 mil 11 mesas de trabajo durante un año y reconoce 3 mil 277 expresiones públicas, de las cuales 899 fueron bloqueos. Frente a estos datos, cuestionó cuántos conflictos concluyeron con acuerdos cumplidos y soluciones definitivas para la ciudadanía.

Para Acción Nacional, la gobernabilidad debe medirse por la capacidad de las autoridades para atender las causas de la inconformidad social, garantizar el cumplimiento de los compromisos institucionales y respetar los derechos de quienes se manifiestan.

Rubio también expresó preocupación por las cifras relacionadas con el despojo de inmuebles. De acuerdo con el informe, se examinaron 2 mil 74 asuntos, 468 fueron clasificados como despojo, 146 inmuebles fueron restituidos y 77 asegurados.

Ante ello, exigió esclarecer el estado del resto de los expedientes y conocer cuántas restituciones cuentan con una resolución firme. Asimismo, propuso establecer una coordinación permanente entre la Fiscalía, el Registro Público de la Propiedad, notarías, autoridades judiciales y alcaldías, además de implementar alertas registrales, fortalecer la asistencia jurídica a las víctimas e investigar las redes delictivas detrás de estos hechos.

El panista subrayó que la propiedad privada debe protegerse tanto frente a los delincuentes como frente a posibles actuaciones arbitrarias de las autoridades, siempre con respeto al debido proceso.

Respecto al Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM), el legislador advirtió que la coordinación entre gobiernos no puede convertirse en una vía para imponer decisiones territoriales sin escuchar a las comunidades.

Por ello, propuso instalar una mesa institucional pública con las 16 Alcaldías, el Congreso capitalino y las autoridades responsables de la planeación, así como crear una matriz pública que permita conocer las observaciones de los vecinos, las respuestas fundadas de las autoridades y los cambios que efectivamente se incorporen al programa; “coordinar no significa imponer”, enfatizó.

En materia de búsqueda de personas desaparecidas, Rubio cuestionó que el cumplimiento de más del 83 por ciento de los 30 compromisos iniciales sea suficiente para evaluar la política pública, si no se acompaña de información verificable sobre personas localizadas con vida, casos que continúan abiertos y avances en investigaciones de larga data.

También exigió transparentar cuánto presupuesto recibió directamente la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México durante 2025 y 2026, cuánto ejerció y qué proporción se destinó efectivamente a las labores operativas y de campo.

El Diputado planteó la necesidad de garantizar recursos suficientes, etiquetados y verificables, personal especializado, equipamiento e indicadores públicos que permitan evaluar los resultados de las acciones de búsqueda e identificación.

El legislador también pidió explicar las modificaciones entre capítulos de gasto de la Secretaría de Gobierno, detallando las razones de las reasignaciones presupuestarias, sus beneficiarios y los resultados obtenidos.

Como parte de las propuestas de Acción Nacional, insistió en crear un registro público de conflictos sociales y acuerdos institucionales, que incluya responsables, plazos de cumplimiento y evaluaciones de resultados. Asimismo, planteó publicar informes trimestrales sobre los acuerdos cumplidos, establecer protocolos transparentes para la atención de manifestaciones y fortalecer la supervisión independiente para proteger los derechos humanos.

Rubio concluyó que la paz social no puede confundirse con la ausencia de protestas, sino que debe construirse mediante soluciones de fondo, legalidad y respeto a las libertades ciudadanas.

Al retomar la frase de Benito Juárez, “Nada por la fuerza; todo por la razón y el derecho”, el diputado reiteró la exigencia del PAN de que el Gobierno capitalino pase de los reportes administrativos a los resultados comprobables.

“La Ciudad de México no necesita un gobierno que contabilice los conflictos. Necesita un gobierno que los resuelva”, concluyó.