Garantizar y facilitar el acceso a defensoría pública en la CDMX

La búsqueda de la más amplia protección y satisfacción de los derechos de acceso a la justicia y de defensa ha sido la constante en las democracias constitucionales como la nuestra.

No obstante, pareciera ser que los esfuerzos gubernamentales no han fructificado como se esperase, al grado tal de que hoy en día infinidad de personas quedan en absoluto estado de indefensión cuando se les presenta algún conflicto judicial.

Al respecto , la Primera Sala de la Suprema Corte señaló que toda persona que se encuentre sujeta a un proceso penal, deberá contar con asistencia de un abogado, ya sea privado o bien, proporcionado por el propio Estado.

Sin estos elementos, no se podría hablar de la existencia de una correcta garantía del derecho de defensa adecuada en materia penal.

Como se sabe, la enorme desigualdad que hay en México ha derivado en que gran parte de las personas se encuentren impedidas para acudir a firmas y despachos de abogados privados cuando tienen algún conflicto legal.

Ello produce que la gratuita Defensoría Pública encuentre grandes cantidades de trabajo que no siempre puede solventar satisfactoriamente. Éste y otros problemas son a lo que día a día se enfrentan las y los defensores en México en su esfuerzo por convertir en una realidad los Derechos Humanos de acceso a la justicia y de defensa.

Es por ello que en lo que respecta al artículo 12 de la Ley de Defensoría Pública, se propone la reforma a efecto de que el servicio de Defensoría Pública deberá establecerse de conformidad al derecho humano que estipula que todo ciudadano tiene que tener acceso a una defensa adecuada, planteamientos establecidos en el artículo 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En el mismo sentido de una defensoría de oficio de calidad para ofertar un derecho humano de defensa adecuada a los ciudadanos Rubio Aldarán propone modificar el artículo 17, para que se especifique que los tres años de experiencia deban ser acreditados en materia de litigio penal.