Garantizar mantenimiento de cámaras seguridad adquirida con presupuesto participativo en la ciudad de México

Ante el pleno de la Comisión Permanente, la Diputada del PAN, Liz Salgado, presentó una iniciativa crucial que busca fortalecer la seguridad en las colonias de la Ciudad de México y asegurar el uso responsable de los recursos públicos. La propuesta tiene como objetivo reformar la Ley Orgánica de las Alcaldías para establecer una obligación clara y permanente para que lleven un registro, garanticen el mantenimiento y la operación continua de las cámaras de videovigilancia adquiridas mediante el presupuesto participativo.

La iniciativa no plantea la adquisición de nuevas cámaras ni un aumento del gasto en seguridad, sino la preservación de la infraestructura ya existente y financiada directamente por las y los vecinos, señaló Salgado Viramontes. El propósito es evitar que estas cámaras se vuelvan obsoletas, queden abandonadas o dejen de funcionar por falta de mantenimiento una vez concluido el periodo de garantía inicial.

Actualmente, expresó, existe una preocupación justificada debido a que una parte significativa de los proyectos de seguridad votados por la ciudadanía a través del presupuesto participativo quedan inoperables poco después del primer año de instalación, lo que se traduce en un desperdicio de recursos públicos, frustración ciudadana y una pérdida real de condiciones de seguridad.

La Ciudad de México, con más de 9 millones de habitantes y una población flotante diaria considerable, enfrenta una realidad compleja en materia de seguridad, donde la videovigilancia se ha consolidado como una herramienta estratégica. A los esfuerzos institucionales, con más de 83 mil cámaras del Gobierno de la Ciudad, se suma el esfuerzo ciudadano, que debe ser protegido y garantizado.

Enfatizo la panista Liz Salgado, que con esta reforma se espera lograr certeza y claridad jurídica sobre la responsabilidad de las alcaldías en esta materia; protección de la inversión ciudadana, evitando la pérdida de recursos con el tiempo; mejor coordinación y planeación en seguridad local y mayor confianza de la ciudadanía, al saber que los proyectos que eligen no serán abandonados.

Esta iniciativa busca ordenar la seguridad, crear responsabilidad institucional y respetar la participación ciudadana, asegurando que los proyectos elegidos cumplan su propósito de prevenir el delito y generar entornos más seguros y confiables para todos los habitantes de la capital. La iniciativa no politiza la seguridad, la ordena. No crea más burocracia, crea responsabilidad y no sustituye a la ciudadanía, la respeta.

Debemos fortalecer la seguridad, cuidar los recursos públicos y honrar la participación ciudadana, concluyó.