Garantizar el acceso y permanencia de niñas, niños y adolescentes con discapacidad en el sistema educativo

El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), integrado por las senadoras Geovanna Bañuelos, Liz Sánchez, Yeidckol Polevnsky y Ana Karen Hernández, encabezadas por el senador Alberto Anaya Gutiérrez urgió a la Secretaría de Educación Pública (SEP), la creación de programas que aseguren el acceso y la permanencia de niñas, niños y adolescentes con discapacidad en el sistema educativo mexicano.

Mediante un punto de acuerdo presentado al Pleno del Senado, las y el legislador del GPPT solicitaron fortalecer las instalaciones de los planteles educativos para que sean adecuadas, accesibles e incluyentes, con elementos como rampas, sanitarios funcionales, señalización visual y en braille, así como capacitación docente en educación inclusiva y no discriminación.

“En el Partido del Trabajo tenemos claro que la educación no puede ser un privilegio ni una posibilidad condicionada, sino un derecho garantizado en los hechos para todas y todos. La educación inclusiva no es una meta lejana, sino una convicción profunda y un deber permanente con el pueblo de México”, señalaron.

En el documento inscrito en la Gaceta Parlamentaria destacaron que de acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el 14% de las y los estudiantes con discapacidad o en educación especial abandona la escuela a nivel mundial, es decir, aproximadamente uno de cada seis alumnos.

En México, la situación es aún más grave, ya que uno de cada cuatro jóvenes con discapacidad (25%) deserta antes de concluir la secundaria, una cifra muy superior al promedio nacional de deserción.

Por su parte, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) indica que, entre los 6 y 12 años, niñas, niños y adolescentes con discapacidad enfrentan mayores probabilidades de no asistir o abandonar la escuela debido a barreras físicas, pedagógicas y socioeconómicas, así como a la falta de infraestructura accesible y de ajustes razonables.

Ante este panorama, las legisladoras llamaron a las autoridades educativas a diseñar e implementar estrategias de prevención de la deserción escolar, las cuales deberán incluir el acompañamiento académico y psicosocial, así como medidas para superar barreras económicas, sociales y educativas.

“Dentro de los criterios para una educación de excelencia, la inclusión ocupa un lugar central ya que esto implica reconocer y atender la diversidad de capacidades, contextos y necesidades de las y los estudiantes en todos los espacios educativos”, aseveraron.

Finalmente, los legisladores petistas recordaron que el acceso a la educación es un derecho humano fundamental, reconocido en el Artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que impone al Estado una responsabilidad directa para garantizarlo, orientando siempre sus acciones por el principio del interés superior de la niñez y la adolescencia.

“No se trata solo de abrir las puertas de las escuelas, sino de asegurar su permanencia y participación activa en los servicios educativos”, concluyeron.

El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Educación para su análisis y posterior dictamen.