Garantizar derecho a la verdad por violaciones de derechos humanos en el pasado, piden en el Senad

Se debe de reformar el artículo 1º de la Constitución Política para incorporar el derecho a la memoria, la verdad y la justicia por hechos del pasado, que hayan sido violatorios de derechos humanos.

La senadora Nestora Salgado García dijo que durante muchos años, refirió, en nuestro país se registraron desapariciones forzadas, desapariciones cometidas por particulares, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como desplazamientos forzados internos.

Estos sucesos, explicó la legisladora de Morena, fueron provocados por la falta de efectividad de los gobiernos anteriores para atender y prevenir estos delitos, que aumentaron con el paso de los años hasta generar una crisis de derechos humanos.

“Lamentablemente, no existía la voluntad política por reconocer esta situación, lo que impidió enfrentarlos con responsabilidad y sensibilidad”.

Nestora Salgado recordó los lamentables acontecimientos que han marcado la historia de nuestro país: Aguas Blancas, Acteal, Atenco, la Guardería ABC, Ayotzinapa, Tlatlaya, Tanhuato, Nochixtlán, San Fernando.

“En estos casos y en el resto de los asuntos de violaciones a los derechos humanos, resulta de vital importancia encontrar la verdad, para saber lo que realmente pasó en cada uno de ellos y avanzar hacia la búsqueda de justicia para todas las víctimas”.

En la iniciativa, que se analizará en las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera, Salgado García asentó que es fundamental que las personas responsables den cuenta de sus actos ante la ley y la sociedad, se reparen de manera integral los daños a las víctimas y se adopten medidas para prevenir que se repitan.

“Los hechos señalados anteriormente han sido emblemáticos, pero también debemos tomar en cuenta a todas las desapariciones forzadas y desapariciones cometidas por particulares que se han perpetrado en nuestro país, las ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.

Por ello, dijo que es apremiante la aplicación de una política integral de verdad, de justicia y de reparación del daño a las víctimas de la violencia y de violaciones a los derechos humanos, que sea efectiva y genere resultados a corto, mediano y largo plazo.