Garantizar alimentación, salud y educación de niñas, niños y adolescentes

Por unanimidad, la Comisión de Estudios Legislativos Primera, que preside la senadora Mayuli Latifa Martínez Simón, aprobó un proyecto para establecer el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, que busca garantizar la alimentación, salud y educación de niñas, niños y adolescentes a nivel nacional, así como evitar la morosidad y el incumplimiento de esta obligación por parte de los padres. El dictamen reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de pensiones alimenticias. Martínez Simón destacó la importancia del documento aprobado, porque establece con claridad los derechos alimentarios, de salud y educativos de los menores en todo el país. Explicó que en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias se incorporan los derechos de ese sector vulnerable a la alimentación y nutrición, vestido, habitación, recreación, atención médica y psicológica preventiva integrada a la salud; asistencia médico-hospitalaria y, en su caso, los gastos de embarazo y parto; los gastos derivados de la educación para proporcionar a los menores un oficio, arte o profesión, adecuados a sus circunstancias personales. Agregó que en relación con los menores con algún tipo de discapacidad o declarados en estado de interdicción, se les dotará de lo necesario para lograr, en lo posible, su habilitación o rehabilitación y su desarrollo. Comentó que este Registro Nacional estará a cargo del Sistema Nacional DIF, en el cual se difundirá y se hará pública la calidad del deudor moroso. El suministro, actualización, intercambio y sistematización de la información sobre el incumplimiento de las obligaciones alimentarias estará a cargo de los Tribunales Superiores de las entidades federativas y de la Ciudad de México, abundó. Otro dato importante, dijo la senadora, es que el deudor alimentario deberá informar al juez o a la autoridad responsable del fuero local cualquier cambio en su empleo, a efecto de que se actualice la pensión alimenticia decretada. De acuerdo con el proyecto, las autoridades de los tres órdenes de gobierno establecerán como requisito la presentación del certificado de no inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias para los siguientes trámites: para la obtención de licencia y permisos para conducir; obtención de pasaporte o documento de identidad de viaje; para participar como candidato a cargos concejales y de elección popular. También para evitar su participación como aspirante a cargos de jueces y magistrados en el ámbito local y federal; los que se realicen ante notario público relativos a la compraventa de bienes inmuebles y la constitución o transmisión de derechos reales. Y en las solicitudes de matrimonio, el juez del Registro Civil hará del conocimiento si alguno de los contrayentes se encuentra inscrito en el Registro Nacional y mencionará la situación que guardan respecto de las obligaciones que tienen. Además de que las autoridades federales competentes instrumentarán medidas de restricción migratoria para salir del país a las personas inscritas en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. Se precisa que este impedimento para salir del país, deberá ser solicitado por el acreedor o por quienes tengan la guardia o custodia del o los menores ante el Juez correspondiente. Las y los senadores Lilia Margarita Valdez Martínez, Martha Guerreo Sánchez y Ricardo Moreno Bastida, de Morena; Kenia López Rabadán, del PAN; y Clemente Castañeda Hoeflich, de Movimiento Ciudadano, coincidieron en señalar que de esta forma se hace justicia al interés superior de la niñez y adolescencia para que a los menores no les falte alimentación, salud y educación, además que es un trabajo parlamentario que trasciende visiones partidistas en favor de ese sector vulnerable de la sociedad. La senadora Mayuli Latifa Martínez Simón comentó que con esta aprobación se cumple el trámite legislativo en comisiones unidas, porque de manera previa, el dictamen a la minuta también fue aprobado por las y los senadores integrantes de la Comisión de Justicia.