Garantiza IECM equilibrio entre transparencia y protección de datos

Al participar de manera virtual en la “3ª Cumbre Parlamentaria Regional: Forjando Futuros Digitales en el Cono Sur: IA, Innovación, Datos y Ciberseguridad”, el consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Ernesto Ramos Mega, afirmó que este organismo autónomo es garante del mandato constitucional que exige el acceso a la información pública y la protección de datos personales, derechos fundamentales que se reflejan en cada una de las acciones y procesos realizados por la institución.

"Como entidad pública, tenemos estas dos obligaciones de proteger los derechos de manera simultánea: no podemos darle prioridad a uno u otro, sino compatibilizarlos. Tenemos que ofrecer la mayor cantidad de información de la mejor manera posible, pero también proteger los datos de las personas que tenemos en nuestro poder", expresó.

Durante su exposición “Gobernanza de datos: Confianza, soberanía y regulación”, afirmó que el Instituto Electoral aplica protocolos rigurosos de seguridad para blindar los datos sensibles del electorado en todos los procesos, desde el voto electrónico hasta la publicación de información en la Plataforma Digital de Participación Ciudadana.

Se refirió al Sistema Electrónico por Internet (SEI) implementado por el IECM, el cual recopila información sensible, pero que cuenta con un protocolo de seguridad que impide almacenar los datos biométricos de la ciudadanía y, tras el cierre de la votación, ejecuta un borrado lógico de toda la información. Este proceso ha sido verificado por la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

De igual forma, destacó que el Instituto Electoral capitalino buscó transparentar la identidad de las y los integrantes de las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACOS), respetando la protección de sus datos y solicitando escritos de consentimiento para publicar sus imágenes, así como información sensible en las actas de las asambleas ciudadanas.

El evento, organizado por la Legislatura de Córdoba, Argentina, estuvo moderado por Valeria Betancourt, directora del programa global de políticas de internet de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC), y contó con la participación de especialistas de Chile, Costa Rica, Panamá, Paraguay y Uruguay, así como representantes de universidades y empresas tecnológicas.