”Gabinete de desalojos” de Morena podría convertirse en gabinete anti desalojos y proteger a los invasores

EDMUNDO OLIVARES ALCALA. ………………………….

Nuevamente los diputados de Morena y sus aliados del PR y PRD, le dan la espalda a la ciudadanía y con propuestas engañosas el partido en el poder, genera incertidumbre jurídica, y lejos de resolver el problema podría obstaculizar la ejecución de sentencias judiciales y vulnerar el derecho de los propietarios a recuperar sus inmuebles.

Una prueba de lo señalado es que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), es no se resuelve los casos y mucho menos castiga a los responsables de los desalojos

Vecinos de la colonia Del Valle y víctimas de despojo de otras alcaldías acusaron que a un año de la creación del “Gabinete de Despojos de la Ciudad de México), no existen resultados visibles en la restitución de inmuebles que son invadidos.

En la Ciudad de México existen alrededor de 39 mil carpetas de investigación por el delito de despojo, y el problema cada día crece porque los congresistas de Morena actúan en sentido contrario, favorecen a la delincuencia.

 El Diputado local del PAN, Diego Garrido, advirtió que la propuesta de Morena de crear un llamado “Gabinete de Desalojos”, contemplado en la nueva Ley de Rentas, podría terminar convirtiéndose en un verdadero “Gabinete Anti Desalojos”, al generar obstáculos para que los propietarios recuperen legalmente sus inmuebles, incluso cuando cuentan con una sentencia judicial a su favor.

Explicó que, aunque el Gobierno presenta este mecanismo como una instancia de acompañamiento social, mediación y atención a personas en situación de vulnerabilidad, existe un riesgo evidente: que su intervención termine retrasando u obstaculizando el cumplimiento de resoluciones judiciales.

 “Imagínense que después de años de litigio, de pagar abogados y de enfrentar un proceso judicial, finalmente obtienes una sentencia para recuperar tu propiedad porque alguien lleva meses o años sin pagarte la renta, o porque alguien invadió tu inmueble. Lo que debería hacer el Gobierno es garantizar que esa sentencia se cumpla, no generar más obstáculos ni incertidumbre”.

Garrido señaló que la propuesta tampoco contempla mecanismos para compensar económicamente a los propietarios cuando la intervención gubernamental prolongue la ocupación de sus inmuebles.

Advirtió que el derecho a la vivienda no puede utilizarse como pretexto para desconocer las resoluciones de los jueces ni para trasladar a los particulares la responsabilidad de resolver los problemas de vulnerabilidad económica.

“La vulnerabilidad de una persona merece atención del Estado, pero no puede convertirse en un permiso para ocupar una propiedad ajena. El Gobierno debe ayudar a quien lo necesita con recursos y políticas sociales, no a costa del patrimonio de otra persona”.

El legislador panista alertó que esta política podría provocar un efecto contrario al que supuestamente busca Morena: desincentivar el arrendamiento de vivienda.

“¿Quién va a querer rentarle su propiedad a una persona en situación de vulnerabilidad si existe el riesgo de que, ante la falta de pago, no pueda recuperar su inmueble oportunamente? Morena está generando condiciones para que los propietarios prefieran dejar sus viviendas vacías antes que poner en riesgo su patrimonio. Y cuando hay menos propietarios dispuestos a rentar, hay menos oferta y mayores dificultades para los inquilinos”.

Otro de los aspectos más preocupantes, subrayó, es que la iniciativa no establece una distinción clara entre un arrendatario vulnerable y una persona que invade ilegalmente un inmueble.

“No es lo mismo una familia que enfrenta dificultades para pagar su renta que una persona que se apodera ilegalmente de una propiedad. Morena pretende meterlos en el mismo esquema de protección, sin establecer límites suficientemente claros”.

Garrido advirtió que, al no delimitar expresamente su intervención a los conflictos de arrendamiento, este gabinete podría convertirse en una herramienta de presión e incertidumbre incluso en casos relacionados con el delito de despojo, una problemática particularmente grave en la capital, donde existen alrededor de 39 mil carpetas de investigación por este delito.

El diputado recordó que experiencias internacionales, como las políticas de protección a ocupantes ilegales en España, han generado un intenso debate sobre los efectos de prolongar la recuperación de inmuebles ocupados, particularmente por la incertidumbre jurídica que enfrentan los propietarios.

Diego Garrido sostuvo que la creación de un ente gubernamental que intervenga en los desalojos no resuelve el problema de la vivienda, sino que puede ahuyentar la inversión, reducir la oferta de inmuebles en renta, invadir competencias y entorpecer la ejecución de sentencias.

 “Defender el derecho a la vivienda no significa desconocer el derecho a la propiedad privada. Defender tu propiedad también significa defender tu derecho a que una sentencia judicial se cumpla. Tu patrimonio merece justicia, no más obstáculos del Gobierno de Morena”, finalizó.