Frente a crisis de seguridad y empleo juvenil, piden 16 alcaldías informar cumplimiento Ley derechos jóvenes

Es necesario que los 16 titulares de las Alcaldíaa informen sobre el cabal cumplimiento de las obligaciones que les marca la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México.

La Diputada Lizzette Salgado Viramontes, integrante de la bancada del Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México, presentó el punto de acuerdo.

La legisladora argumentó que, si bien la Constitución local reconoce a los jóvenes como un grupo de atención prioritaria, garantizar su desarrollo requiere de acciones de gobierno concretas, no solo retórica, especialmente ante la alarmante evidencia estadística de riesgos que enfrentan cotidianamente.

El exhorto de la Diputada Salgado busca dos objetivos principales, que las 16 alcaldías informen a este Congreso el cumplimiento dado a la Ley, incluyendo la designación de un perfil específico para las personas al frente de las unidades responsables de la agenda de juventudes y la elaboración y ejecución de un Plan General de Trabajo Territorial, y que el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, publique en su portal electrónico un tablero con la información generada por las alcaldías, mostrando los avances institucionales en políticas públicas para jóvenes.

Las Alcaldías son el primer contacto del gobierno con la ciudadanía. La Ley es clara en sus artículos 122, 150 y 151 sobre sus responsabilidades, por lo que deben cumplir con la obligación de contar con un plan de trabajo territorial en materia de juventudes, al que destinen recursos y que esté a cargo de una persona que cumpla con los requisitos que marca la Ley. Ç

Lo que vemos en los hechos es que muy pocas están cumpliendo con estos requisitos, y la realidad nos golpea con datos devastadores, sentenció la Diputada Salgado.

La legisladora del PAN sustentó su proposición con datos alarmantes que muestran las áreas de riesgo en las que se encuentra inmersa la juventud capitalina, como la inseguridad y la violencia, ya que cifras de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, revelan un incremento de menores de edad en penales, pasando del 8% al 20% de los ingresos entre 2023 y 2025.

Datos del Tribunal Superior de Justicia capitalino, indican que entre 2021 y 2025, 89 menores fueron presentados ante un juez por homicidio. A nivel nacional, el 42% de los registros de personas desaparecidas entre 2015 y 2021 corresponde a jóvenes de entre 15 y 29 años.

Por otro lado, está la precariedad laboral y educativa, ya que más de la mitad de los jóvenes son económicamente activos, pero solo el 48.5% cuenta con un contrato laboral por escrito y apenas el 48.1% tiene acceso a servicios médicos como prestación laboral, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, además de que el promedio de escolaridad se ubica en 11.6 años, y solo el 2% de los jóvenes entre 25 y 29 años cuenta con educación superior.

Otro punto importante es el de la salud mental, debido a que en el tema del suicidio la tasa más alta se encuentra en el grupo de 15 a 19 años (18.8%), mientras que el grupo de edad con más suicidios masculinos es el de 25 a 29 años con 14.8% de los suicidios.

Baja escolaridad, informalidad laboral, bajo acceso a servicios médicos y riesgos de inseguridad, son las variables que marcan la realidad a la que están expuestas las personas jóvenes. Atender a las poblaciones prioritarias requiere más que darles transferencias; requiere políticas públicas serias y apegadas a la ley. El resto es retórica, concluyó la diputada Salgado.