Frenar uso de explosivos improvisados empleados por el crimen organizado

Las senadoras Juanita Guerra Mena y Maki Ortiz Domínguez exhortaron a las entidades federativas a coordinar esfuerzos con la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional para implementar acciones conjuntas y eficaces en la búsqueda, localización y decomiso de artefactos explosivos improvisados (AEI) utilizados por grupos delictivos en todo el país.

Mediante un Punto de Acuerdo, las legisladoras señalaron que estos explosivos, fabricados de forma artesanal y utilizados en enfrentamientos contra personal de instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno, al quedar expuestos ponen en riesgo a los ciudadanos que habitan o transitan por las zonas donde ocurren estos incidentes.

En ese sentido, la senadora por Morelos, Juanita Guerra Mena señaló que el uso creciente de AEI se debe a su bajo costo y facilidad de fabricación, convirtiéndose en un desafío urgente para la seguridad nacional.

“El uso de estos explosivos ilegales —prohibidos por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos— requiere una respuesta inmediata, articulada y sostenida entre los tres niveles de gobierno”, subrayó.

Por su parte, la senadora Maki Ortiz señaló que, en Tamaulipas, Chihuahua, Michoacán y Guanajuato -entidades con intensos conflictos entre grupos criminales- se han realizaron diversos decomisos de estos artefactos; sin embargo, para octubre de 2024 las autoridades ya habían detectado AEI en 25 de los 32 estados del país.

Las zonas más afectadas incluyen municipios como Buenavista (Michoacán), Santa María del Oro (Jalisco) y Aquiles Serdán (Chihuahua), donde los explosivos causaron múltiples bajas en operativos militares y policiales.

Comentó que en el caso particular de Tamaulipas se detectaron 40 artefactos explosivos en lo que va del año, algunos de los cuales causaron la muerte de civiles y militares.

Finalmente, las senadoras del Partido Verde destacaron que los artefactos de fabricación casera no solo ponen en riesgo la vida y la seguridad pública, sino también el desarrollo económico y social de las comunidades afectadas, por lo que insistieron en la importancia de una estrategia conjunta para la búsqueda, localización, rastreo y decomiso de estos artefactos