Fortalecer y garantizar seguridad de niñas, adolescentes y mujeres ante los recientes feminicidios

La senadora Geovanna Bañuelos solicitará a los gobiernos Federal, Estatal y Municipal garantizar el fortalecimiento y financiamiento de refugios, centros de justicia para mujeres, líneas de emergencia y programas de atención a víctimas de violencia, asegurando que ninguna mujer quede sin acceso a protección, acompañamiento y justicia.

En un punto de acuerdo que presentará a la Comisión Permanente la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo pide a la Secretaría de Gobernación, que a través de la  Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, refuercen el monitoreo y cumplimiento de las Alertas de Violencia de Género en todas las entidades federativas, con especial atención a los estados de Zacatecas, Baja California y Sonora, a fin de implementar acciones inmediatas que garanticen la protección efectiva de mujeres y niñas en situación de riesgo.

Asimismo, la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo llama al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, y sus homólogos en las 35 entidades federativas, reforzar los protocolos específicos de protección para niñas y adolescentes víctimas de violencia, así como a crear líneas de acción interinstitucionales para atender casos de riesgo dentro del ámbito familiar

Lo anterior, derivado de los casos registrados en Zacatecas, Baja California y Sonora, donde niñas, adolescentes y mujeres fueron asesinadas a sangre fría por conocidos o incluso familiares.

En el caso de Baja California el feminicidio de Keila Nicole, una niña de apenas 13 años, fue cometido por un adolescente de 16, quien confesó haber planeado el crimen con base en una serie televisiva que retrata a un asesino serial.

En días posteriores, en la carretera libre Tijuana-Tecate, fueron localizadas bolsas negras con restos de dos mujeres descuartizadas.

Mientras que en Sonora, tres niñas de 9 y 11 años, fueron brutalmente asesinadas en su propia casa a manos de la pareja de su mamá, quien previamente había sido privada de la vida por la misma persona.

“Fue una masacre doméstica, perpetrada en el espacio que debió protegerlas. Es en ese entorno íntimo, el hogar, donde muchas mujeres viven los mayores peligros. Las víctimas habían recibido amenazas, pero no se había activado ninguna medida de resguardo ni se identificó el riesgo con la seriedad necesaria”, destaca Geovanna Bañuelos en el documento que será inscrito en la Gaceta de este miércoles.

Y en Zacatecas, una mujer murió a manos de su pareja, quien previamente había publicado en Facebook sus intenciones de asesinarla. “El crimen estaba anunciado, paso a paso. Sin embargo, no se hizo nada para evitarlo. No hubo intervención, ni contención, ni medida precautoria”.

Todos los casos anteriores exhiben un problema institucional de falta de mecanismos para la prevención y protección de la vida de las mujeres y niñas, y no sólo la reacción cuando el acto ya fue cometido.

Por lo Geovanna Bañuelos llama a la Fiscalía General de la República y las fiscalías de Zacatecas, Baja California y Sonora a garantizar las investigaciones de estos tres casos y todos los feminicidios y violencia familiar con perspectiva de género, diligentes y efectivas, asegurando que ninguna amenaza o denuncia quede sin seguimiento, especialmente cuando haya antecedentes o señales de violencia previa.

“Vivimos en un país donde ser mujer representa un riesgo. Donde la edad, el nivel socioeconómico o la región no son factores que protejan. La violencia no distingue, pero sí se ensaña con quienes se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad”, lamenta la legisladora por Zacatecas.

Geovanna Bañuelos apuntó que lo más alarmante es que muchas de estas violencias ocurren en contextos conocidos: en la casa, en la escuela, en la comunidad. “Lugares donde las víctimas debieran sentirse seguras, pero que en realidad se han convertido en entornos de riesgo”.

“No hay protocolos suficientes, no hay personal capacitado, no hay seguimiento real. Hoy, no basta con reconocer que hay un problema. Es necesario asumir que estamos ante una emergencia nacional que exige una respuesta integral, urgente y decidida. Cada omisión del Estado se traduce en una mujer menos, en una niña silenciada, en una familia devastada”, asevera