Fortalecer la rendición de cuentas de fideicomisos públicos extinguidos

El Gobierno federal ha sido inconsistente con los fideicomisos con recursos públicos. Por un lado, en 2020 se decretó la extinción de 109 de ellos, supuestamente para combatir la discrecionalidad y la corrupción en su uso, pero lo hizo sin llevar a cabo una evaluación acerca del impacto que tendría esta extinción en los sectores y personas beneficiarias de los proyectos/programas financiados a partir de estos instrumentos. Por otro lado, el Gobierno sigue considerándolos instrumentos útiles, pues al cierre de 2020 se les ‘transfirieron’ 167.7 mmdp, un aumento después de dos años de reducción en estas transferencias.

Así, desde la iniciativa ciudadana #YoMeSumo, México Evalúa hace un llamado urgente para que esta administración se comprometa a impulsar las prácticas de rendición de cuentas de los fideicomisos, que incluyen la evaluación de su desempeño, la publicación de sus estados financieros –como mandata la Ley de Austeridad– y la igualación de su nivel de transparencia con la del presupuesto federal.

“El destino de los recursos debería ser rastreable para identificar si persigue el objetivo para el que fue creado y si es socioeconómicamente útil. Como ciudadanos (y contribuyentes) tenemos derecho a saber hacia dónde se orientan y en qué se gastan todos los recursos públicos, más aún cuando se encauzan por vías excepcionales”, dijo Mariana Campos, coordinadora del programa de Gasto y Rendición de Cuentas en México Evalúa.

Como toda información pública gubernamental, los fideicomisos están sujetos al principio de máxima publicidad establecido en la Constitución mexicana. En atención a ello, en los últimos años su marco normativo se ha fortalecido, como lo demuestran la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 2015 o la Ley Federal de Austeridad Republicana, publicada en 2019. Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil han detectado que no todos los fideicomisos cumplen al 100% con las obligaciones de transparencia, y tampoco se ha implementado la obligación de la Ley de Austeridad.

En particular, la información disponible impide conocer cómo ha sido el proceso de transición de los fideicomisos. Si bien se puede tener un panorama general de cuántos fideicomisos, mandatos y actos jurídicos análogos existen actualmente, no hay información sobre 1) el programa de reintegros a la Tesofe; 2) los programas del presupuesto que serán financiados con los recursos liberados; 3) la forma en que se dará continuidad a los apoyos de las personas que se beneficiaban de estos recursos, y 4) el historial de los fondos extinguidos que estará disponible al público.

México Evalúa, en el artículo que acompaña su propuesta de política pública, también señala dos casos concretos en los que es necesario fortalecer la rendición de cuentas de fideicomisos con recursos públicos. El primero, el de las aportaciones sustanciales realizadas por la Secretaría de la Defensa Nacional a este tipo de figuras; y es que el 34% del gasto que Sedena ejerció en el primer trimestre de 2021 fueron aportaciones a fideicomisos públicos (11.3 mmdp). La segunda, el uso excesivo del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP), diseñado para utilizarse como una reserva cuando los ingresos son menores a lo planeado. Al cierre del primer trimestre de 2021, el FEIP se encuentra en su nivel más bajo desde 2013: 15.8 mmdp.

Ante este panorama, ¿qué recomienda #YoMeSumo?

1. Crear una política pública integral, con medidas de gobernanza y rendición de cuentas para el manejo responsable de los fideicomisos que administren recursos públicos, que en primer lugar incluya esquemas de evaluación sobre el desempeño de los fideicomisos, para comprobar si están efectivamente cumpliendo con sus objetivos y, en su caso, establecer planes de mejora o la extinción de los mismos.

2. Publicar un registro único de fideicomisos. Ampliar el alcance del portal de transparencia presupuestaria de la SHCP para integrar en un único repositorio de información los fideicomisos que utilizan recursos públicos (es decir, mediante convenios integrar todos los vigentes a nivel federal y estatal, considerando a todos los poderes, incluyendo fideicomisos privados que usan recursos públicos), así como categorías específicas para los fideicomisos en proceso de extinción. Su publicación deberá considerar una estructura de base en datos abiertos, para convertirse en verdadero instrumento de seguimiento.

3. Consolidar la información de los fideicomisos con la del presupuesto, para mejorar la trazabilidad de los recursos. Para superar la falta de transparencia de los fideicomisos y elevarla a los estándares del presupuesto, es urgente contar con una versión del presupuesto pagado que considere el gasto hecho a través de ellos. Además, dentro de los informes trimestrales (y en la Cuenta Pública) debe incluirse el detalle sobre los programas y proyectos que reciben recursos de los fideicomisos extintos, es decir, de los recursos liberados y reintegrados a la Tesofe, detallando el objetivo, resultados y clasificación de gasto público.

4. Elaborar lineamientos para la creación y extinción de fideicomisos con recursos públicos. Las decisiones sobre la apertura y extinción deben fundarse en diagnósticos y evaluaciones precisas que controlen cambiar las prioridades del gasto público de manera discrecional. Éstos deberán proteger la conservación de los fideicomisos que impactan en la garantía de derechos humanos o en el bien común.

5. Garantizar la transparencia y el acceso público a la información sobre fondos como el FEIP, mediante la disposición de informes mensuales y trimestrales del estado de éstos, la composición de su cartera, el cálculo de sus reservas, el detalle de sus operaciones, la lista de los programas y proyectos financiados con recursos de este fondo y toda la información actualizada pertinente mediante el portal de transparencia presupuestaria de la SHCP.

6. Implementar la obligación dispuesta en la Ley Federal de Austeridad Republicana sobre la publicación de todos los estados financieros de todos los fideicomisos con recursos públicos.