Fortalecer la producción orgánica y respaldar a pequeños productores
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La Ley de Productos Orgánicos requiere una actualización para responder a los retos del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y el desarrollo rural, afirmó el senador Pablo Angulo Briceño, del Partido Revolucionario Institucional.
El legislador destacó que, de acuerdo con datos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), al cierre de 2025 México registró más de 40 mil productoras y productores orgánicos con cultivo de 210 mil 504 hectáreas, principalmente en Chiapas, Sonora, Jalisco, Sinaloa, Baja California, Michoacán y Oaxaca. Sin embargo, advirtió que la legislación vigente, publicada en 2006, quedó rezagada frente a los estándares internacionales.
Por ello, presentó una iniciativa de reforma a diversas disposiciones de este ordenamiento para el fortalecimiento del sector y la ampliación de oportunidades para las y los pequeños productores. Explicó que la propuesta amplía el objeto de la ley para impulsar la mitigación del cambio climático, la conservación de la biodiversidad y el desarrollo rural inclusivo, con prioridad para pequeños productores, comunidades rurales, indígenas y campesinas.
Además, actualiza el concepto de producción orgánica conforme a los principios internacionales de Salud, Ecología, Equidad y Cuidado.
La iniciativa también incorpora a la ley los Sistemas de Garantía Participativa como un mecanismo válido y preferente de certificación para pequeños productores y mercados locales.
El senador señaló que, aunque en el país existen más de 100 tianguis y mercados alternativos orgánicos, solo un número reducido de estos sistemas cuenta con reconocimiento oficial, situación que limita su crecimiento y competitividad.
El senador priista subrayó que la propuesta fortalece la integridad del sistema orgánico, impulsa estándares de trazabilidad y resultados ambientales verificables, además de facilitar el acceso a certificaciones, financiamiento y mercados justos.
Añadió que la reforma tiene como finalidad la consolidación de un modelo de desarrollo rural sostenible, alineado con la Agenda 2030 y con capacidad para generar mayores oportunidades para las familias productoras del campo mexicano.
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