Fortalecer la política pública para la inclusión personas con discapacidad

Se debe incluir a las personas con discapacidad a fin de establecer objetivos mínimos obligatorios para el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad y reforzar la coordinación institucional entre los tres órdenes de gobierno.

La senadora Geovanna Bañuelos dijo que el objetivo es fortalecer la política pública en favor de las personas con discapacidad con una iniciativa para reformar la Ley General.

Al fundamentar la propuesta, la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo busca garantizar que las políticas públicas promuevan la autonomía, la vida independiente, la inclusión y la participación plena de las personas con discapacidad, además de ampliar progresivamente la cobertura, calidad, accesibilidad y disponibilidad de los apoyos y cuidados que requieren.

La legisladora señaló que actualmente la ley no establece objetivos mínimos para el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, lo que provoca que las prioridades dependan de cada administración y dificulte la continuidad y evaluación de las políticas públicas.

Por ello, la reforma busca establecer una base legal permanente que garantice acciones coordinadas, medibles y orientadas; en este sentido se propone establecer que como objetivos prioritarios del Programa Nacional se garantice el acceso a apoyos y cuidados; establezca metas para ampliar su cobertura; incorpore la perspectiva de discapacidad en todas las políticas públicas,

Así como fortalecer la participación de las personas con discapacidad en la toma de decisiones; impulsar campañas permanentes contra la discriminación; promover tecnologías de apoyo y profesionalizar a quienes brindan servicios de asistencia.

Asimismo, busca que el Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad se convierta en un mecanismo permanente de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y los sectores social y privado, para planear, implementar y evaluar políticas, programas, servicios, apoyos y cuidados dirigidos a este sector de la población.

“Aunque México ha logrado avances importantes en el reconocimiento jurídico de los derechos de las personas con discapacidad, persisten barreras físicas, institucionales, económicas y sociales que limitan su participación plena en la vida pública, por lo que resulta indispensable consolidar una política de Estado con enfoque de derechos humanos y visión de largo plazo”, señaló la legisladora por Zacatecas.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2023 residían en México 8.8 millones de personas de cinco años y más con discapacidad, equivalentes al 7.2% de la población en ese grupo de edad; además, más de la mitad tenía 60 años o más.

“No podemos permitir que la inclusión dependa de prioridades continuidad a las políticas públicas y garantice que los derechos de las personas con discapacidad se ejerzan plenamente, con autonomía, vida independiente e igualdad de oportunidades”, afirmó Bañuelos.