Fortalecer la Auditoría Superior de la Federación herramientas normativas

El Pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad, con 111 votos, el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, así como de la Ley General de Contabilidad Gubernamental en materia de efectividad, cooperación interinstitucional e Innovación Tecnológica de Fiscalización Superior.

Las modificaciones amplían las facultades de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), para fortalecerla como órgano técnico del Estado; moderniza sus procedimientos; mejora la trazabilidad del gasto público; amplía sus capacidades de investigación; y consolida su coordinación institucional y la participación ciudadana.

El dictamen corresponde a una minuta de la Cámara de Diputados, por lo que, una vez aprobado, fue remitido al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.

En la presentación del proyecto, el presidente de la Comisión de Anticorrupción y Transparencia, Francisco Daniel Barreda Pavón, expuso como eje del dictamen el fortalecimiento del sistema de fiscalización superior del Estado Mexicano, a partir de la actualización del marco normativo que regula la actuación de la Auditoría Superior de la Federación.

Con el dictamen, dijo, se responde a una necesidad estructural: dotar al órgano fiscalizador de herramientas normativas y operativas que le permitan no solo revisar el gasto público de manera posterior, sino también fortalecer su capacidad de seguimiento, detención oportuna e investigación de posibles irregularidades.

Destacó, entre las reformas, la incorporación de herramientas de modernización administrativa como el uso de medios electrónicos para la notificación de actuaciones, lo que contribuye a la eficiencia de los procedimientos en línea con las mejores prácticas en manera de gobierno digital.

“Las reformas que hoy se presentan no solo fortalecen el andamiaje institucional en materia de fiscalización, sino que también responden a una exigencia legitima de la sociedad, garantiza que cada recurso público sea ejercido con responsabilidad, transparencia y en beneficio del interés general”, aseguró.

En tanto, el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, señaló que la reforma trata de “poner orden donde durante muchos años hubo discrecionalidad, hablamos de cerrar espacios a la opacidad, de impedir que los recursos públicos se desvíen, se escondan o se usen al margen del interés general”.

Destacó que se amplían las capacidades de la Auditoría Superior de la Federación para revisar, investigar y dar seguimiento al uso de los recursos públicos federales, con la incorporación de herramientas tecnológicas, registros integrales de información, mecanismos más eficaces para detectar irregularidades y mejores condiciones para fincar responsabilidades.

Además, destacó la creación del Registro de Información y Datos Relacionados con los Recursos Federales, plataforma a la que los entes públicos aportarán información detallada sobre el ejercicio de recursos, incluyendo participaciones federales, y que será coordinado y administrado por la misma auditoría superior de la federación.

En el dictamen, se establecen sanciones ante el incumplimiento de la entrega de información, así como el fortalecimiento de las investigaciones de oficio o derivadas de denuncias que se podrán realizar en cualquier momento.

Plantea, además, atribuciones de la Auditoría para que pueda investigar en cualquier momento presuntas faltas administrativas graves, ya sea de oficio o derivadas de denuncia, con independencia del proceso ordinario de fiscalización y del ejercicio fiscal del que se trate.

Establece mayor certeza a los tiempos de procedimiento, ya que la ASF se pronunciará en un plazo de 120 días hábiles sobre las respuestas emitidas de las entidades fiscalizadas, y determinará si existe no solvencia, archivo o conclusión.

De la misma forma, se fortalecen los esquemas de coordinación con las entidades de fiscalización locales, bajo un modelo de colaboración que no implica la delegación de facultades, y se consolida la participación ciudadana como un elemento clave en la detección de posibles irregularidades.