Fortalecer comedores sociales para garantizar el derecho a la alimentación Ciudad de México

Es necesario garantizar que los comedores sociales sean un apoyo a la seguridad alimentaria en la Ciudad de México y así contribuir al cumplimiento del derecho a la alimentación.
La diputada Miriam Valeria Cruz Flores presentó una iniciativa para modificar y adicionar diversas disposiciones a la Ley de Comedores Sociales de la Ciudad de México, y dijo que en la capital del país el 11.4 % de la población carece de acceso a alimentación nutritiva y de calidad.
En sesión, la legisladora destacó que, los comedores sociales constituyen un instrumento fundamental para garantizar el derecho a la alimentación, especialmente para las personas en situación de vulnerabilidad. Por lo que se tienen que construir estrategias sólidas que atiendan y aseguren este derecho.
Sin embargo, Cruz Flores señaló que, Ley de Comedores Sociales de la Ciudad de México carece de los elementos sustantivos que la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible reconoce como esenciales, esto es, disponibilidad, accesibilidad, adecuación, sostenibilidad y calidad. No obstante, esta falta de coordinación entre la Ley de Comedores Sociales de la Ciudad de México y la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible, obstaculiza la aplicación coherente a la alimentación como derecho.
Por ello, “existe la urgente necesidad de armonizar la legislación local con la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible para asegurar que los programas de comedores sociales sean efectivos, equitativos y capaces de generar un impacto real en los sectores más vulnerables, promoviendo claridad normativa, acceso efectivo a los beneficios y la adecuada coordinación de políticas públicas”, expresó Cruz Flores.
Por lo tanto, con esta iniciativa se pretende garantizar la plena eficacia normativa y operativa del derecho a la alimentación, asegurando que las políticas públicas, programas sociales y estrategias locales se implementen bajo parámetros homogéneos y coherentes con los estándares federales e internacionales.
Precisó que, en la capital del país el 11.4 % de la población carece de acceso a alimentación nutritiva y de calidad.
Por lo anterior, se constituye una condición indispensable garantizar la coherencia normativa, la seguridad jurídica y la eficacia de los programas sociales en materia alimentaria, concluyó la diputada Cruz Flores.

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