Fortalece el combate al contrabando hidrocarburo para proteger los recursos

Con el propósito de resarcir el daño que la delincuencia organizada provocó a la economía nacional y al patrimonio del Pueblo de México, lo que perjudica a todas y todos los mexicanos, la Fiscalía General de la República (FGR) continúa fortaleciendo las investigaciones para combatir el contrabando de combustible.

A diferencia del robo de combustible mediante tomas clandestinas, el contrabando de combustible o huachicol fiscal opera a través de complejas redes de empresas fachada, importadores, operadores logísticos, agentes aduanales y esquemas financieros que han permitido a grupos criminales introducir al país combustible de procedencia ilícita, evadir el pago de impuestos y comercializarlo ilegalmente.

Estas organizaciones criminales utilizaban diferentes rutas y medios de transporte para mover el combustible dentro del país. Una de ellas era vía marítima, utilizando documentación falsa para simular importaciones legales.

Una vez que el combustible llegaba a puertos nacionales, era descargado sin ser declarado y almacenado en instalaciones clandestinas para después distribuirlo a estaciones de servicio y clientes industriales. 

Posteriormente, a través de transporte terrestre, el combustible era mezclado con producto de origen legal para dificultar su identificación y finalmente era incorporado al mercado mediante una red de distribución que buscaba ocultar su origen ilícito.

Gracias a los trabajos de inteligencia de la Fiscalía General de la República y el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, se detectó una red de contrabandistas ferroviarios que utilizaban cargamentos declarados ante las autoridades con volúmenes mucho menores a los que realmente transportaban, o incluso declarándolos como si fueran otros productos con una carga fiscal distinta, ocultando así millones de litros de hidrocarburos y causando afectaciones a la hacienda pública, por medio de la omisión del pago de impuestos.

En este esquema participan empresas importadoras, agentes aduanales, empresas destinatarias del combustible, operadores ferroviarios y empresas encargadas de la dispersión financiera de los recursos, todos ellos integrados para fragmentar la trazabilidad de la operación y aparentar que el producto tiene un origen lícito.

Las investigaciones realizadas por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) han permitido establecer que todas estas operaciones forman parte de una misma estructura criminal.

Estados como Coahuila, Durango y Zacatecas funcionan como nodos logísticos que conectan las operaciones marítimas, ferroviarias y terrestres para insertar el combustible en el mercado nacional.

Por ello, la estrategia de la FGR no se limita al aseguramiento del combustible. El objetivo es desarticular por completo estas organizaciones, identificar a quienes las financian, localizar a las empresas utilizadas para simular operaciones, investigar a los responsables de la logística, seguir la ruta del dinero y llevar ante la justicia a todas las personas involucradas.

Los resultados obtenidos reflejan el alcance de esta estrategia:

•          En la modalidad marítima, destaca el aseguramiento del buque Challenge Procyon en el puerto de Tampico, Tamaulipas, donde fueron asegurados alrededor de 10 millones de litros de diésel, además de tractocamiones, autotanques, documentación aduanera e infraestructura de almacenamiento, así como la detención de dos personas. Lo anterior afectó la estructura logística de la organización, generándole un impacto económico aproximado de 372 millones de pesos.

•          Asimismo, en Ensenada, Baja California, fue asegurado el combustible descargado del buque TORM AGNES, con ocho millones 892 mil 1 litros de hidrocarburo localizados en un predio de El Sauzal. En esta operación también fueron aseguradas pipas cargadas con combustible de procedencia ilícita, fueron detenidas tres personas y continúan vigentes órdenes de aprehensión contra otros presuntos responsables. Lo anterior afectó la estructura logística de la organización, generándole un impacto económico aproximado de 154 millones 920 mil 363 pesos.

•          En la modalidad ferroviaria, la FGR logró asegurar ferrotanques en San Luis Potosí, Nuevo Laredo, Tampico y Coahuila, 170 ferrotanques con 18 millones 900 mil litros,  así como una espuela ferroviaria en Coahuila de Zaragoza. Lo anterior afectó la estructura logística de la organización, generándole un impacto económico aproximado de 238 millones 818 mil pesos. Permanecen abiertas diversas líneas de investigación relacionadas con más de 70 personas físicas y morales con operaciones detectadas en nueve entidades del país.

De igual forma, entre los resultados más relevantes de esta estrategia se encuentra una indagatoria que recientemente trascendió al ámbito público sobre los resultados de las investigaciones con respecto a uno de los esquemas de contrabando de combustibles de mayor dimensión detectados en el país, con operaciones concentradas en la Aduana de Matamoros, Tamaulipas.

Como resultado de estas indagatorias se logró el aseguramiento de aproximadamente 15 millones de litros de hidrocarburos, 129 ferrotanques, tractocamiones y autotanques, además de diversas órdenes de aprehensión que llevaron a la detención y vinculación a proceso de posibles integrantes de la organización criminal, así como el seguimiento de una red conformada por empresas, operadores logísticos y servidores públicos presuntamente involucrados.

Dichas acciones demuestran que el combate al huachicol fiscal representa una nueva etapa en la lucha contra la delincuencia organizada. Hoy las investigaciones no sólo buscan asegurar combustible ilegal, sino desmantelar las estructuras financieras, empresariales y logísticas que hacen posible este delito, recuperar activos obtenidos ilícitamente, combatir la impunidad y fortalecer el estado de derecho.

La Fiscalía General de la República reitera su compromiso de continuar investigando con rigor científico, coordinación institucional y estricto apego a la ley para proteger el patrimonio de la Nación, garantizar que quienes cometan estos delitos enfrenten la justicia y evitar que recursos que pertenecen a las y los mexicanos terminen financiando a organizaciones criminales.