FGR retrocede en la ley. En práctica resuelve sólo 4.9% de invetigación

A dos años del inicio de su transición de Procuraduría a Fiscalía, la Fiscalía General de la República (FGR) da una respuesta efectiva a sólo 4.9% de los casos conocidos en el ámbito federal –ya sea en términos de sentencia, o bien de una salida alterna o anticipada–, mientras que el 95.1% queda impune.

México Evalúa presentó la segunda edición del Observatorio de la Transición 2020, una investigación sobre las capacidades y desempeño de las fiscalías a través del Modelo de Evaluación de la Transformación (Índice MET), ésta concluye que a nivel federal hay un retroceso en la FGR; en vez de avanzar en dos años de transición, ha caminado para atrás, al pasar de un nivel global de 18.9% en 2019 a 11.9% en 2020.

Por otro lado, la coordinación y colaboración de la FGR con otras instituciones es cada vez menor. Así lo mostró el rechazo de la federación para investigar el caso de los 19 cuerpos de migrantes guatemaltecos que fueron calcinados en Camargo, o el intento de homicidio del secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

“La Fiscalía y su titular han interpretado la autonomía de su institución como una carta abierta para operar sin transparencia, de manera aislada y para darle la espalda a otras instituciones, a la ciudadanía y sobre todo a las víctimas”, comentó Edna Jaime, directora de México Evalúa, durante la presentación del estudio.

Los pobres resultados de la Fiscalía General de la República se deben a las deficiencias y omisiones en su diseño institucional, más asociado a la vieja PGR: la Fiscalía no ha incorporado un comité de participación ciudadana, aunque estaba previsto en la ley orgánica de 2018; tampoco cuenta con autonomía presupuestaria y de gestión, ni con un plan de persecución penal construido de la mano de la ciudadanía, el cual permitiría saber qué delitos priorizará la Fiscalía para su investigación, por qué y cómo lo hará.

“La transición implica un cambio mayor en la lógica de operación de la institución. No es sólo una sustitución de nombre, sino la transformación total de su papel y la implementación de una persecución estratégica por fenómeno y no por caso−, participación ciudadana como un nuevo modelo de gobernanza, transparencia y rendición de cuentas” dijo Mara Gómez, coordinadora del programa de Justicia en México Evalúa.

Este estudio evaluó, por primera vez, el avance en la transformación institucional de la Fiscalía de la Ciudad de México. Entre sus resultados destacan la incorporación efectiva de participación ciudadana en la elaboración del plan de persecución penal, así como de mecanismos efectivos de supervisión y control.

El proceso de la CDMX deja lecciones aprendidas y un claro ejemplo de cómo sentar las bases para la transformación, para la planificación de la persecución penal y para la atención diferenciada de casos relacionados con graves violaciones de derechos humanos. Éstas deben servir a manera de hoja de ruta para otros procesos de transición locales.

Ante los retrocesos que implica la reciente aprobación de la nueva Ley Orgánica de la FGR y sus efectos en el sistema nacional de procuración de justicia, México Evalúa hace un llamado a consolidar las capacidades en las fiscalías estatales. En este sentido, recomienda:

A las fiscalías locales, apoyarse en el Índice MET y en los Lineamientos para la Transición como herramientas que orienten los procesos de transición de la persecución penal y de transformación institucional.

A las organizaciones de la sociedad civil nacionales y locales, colectivos de víctimas y grupos de personas expertas a vigilar estrechamente los procesos locales y co-construir soluciones que pongan en su centro a las personas.

A los poderes legislativos federal y locales garantizar que sus proyectos de Ley estén basados en evidencia, sean progresivos en cuanto a los derechos humanos y alineados al sistema acusatorio, y, realizar ejercicios amplios y efectivos de parlamento abierto.