FGR protectora de narco-política mexicana a plena luz del día

Frente a las consideraciones que vertiera el ex embajador norteamericano en México, Christopher Landau, señalando que el Presidente Andrés Manuel López Obrador “deja hacer todo a los cárteles de la droga al no combatirlos” y que “son dueños de más de 30 por ciento del territorio nacional”,

Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México, A. C., urgió al Ejecutivo a definir su político en relación al combate del crimen organizado, proveniente de los carteles de las drogas.

Reiteró su postura en relación al tema, agregando que conceptos vitales relacionados con la narco-política y la justicia, no dejarán de ser bochornosos en el ámbito de acontecimientos jurídico-políticos y de gravísimas aristas.

Estableció que esta visión debe de ser superada a toda costa, motivando actos de justicia para encarcelar a aquellos que propiciaron, cometieron y encubrieron aberrantes conductas, dando origen a la prepotencia de quienes en un pésimo ejercicio del poder, se creyeron los dueños del destino de la justicia e instituciones que la imparten y procuran.

“El gobierno de la Cuarta Transformación de la República, ante tan gravísimo problema, va a tener en un acto de estricta justicia que actuar, no impidiendo el desarrollo democrático de ella”, aseveró al tiempo que recomendó: “Es preciso reconstruir nuestras instituciones de procuración e impartición de la misma con materiales distintos y, desde luego, con formas diferentes de hacer política que incluyan necesaria e indispensablemente la transparencia y el control del poder, incluso en sus zonas más turbias”.

Y apunta: “Se debe substituir el indeseable actuar del neoliberalismo exhibido por la narco-política, por la dignidad ética de la política y la justicia, dejando de lado los intereses de Estado. De lo que no se debe de prescindir es de la justicia y de la letra y el espíritu de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

La Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México, A. C., desde antaño, ha fijado su posición de manera firme, enérgica y terminante diciendo y definiendo su filosofía por el respeto irrestricto a la ley.

Por ello –agregó- ha expresado que “basta una sola iniquidad como la perpetrada por la narco-política, una sola afrenta a la justicia como la cometida por la Procuraduría General de la República, hoy fiscalía, para dar rompimiento a nuestro Estado de Derecho y consecuentemente a la Constitución Política; basta un sólo deshonor, cuando es oficialmente practicado y aceptado para deshonrar a todo nuestro sistema de procuración e impartición de justicia”.

Al respecto, el presidente de esta Academia de Estudios Superiores en materia criminalística, Alberto Woolrich Ortiz, acusó que “el escándalo jurídico-político obliga a hacer algo, y ese algo, consiste en meter a la cárcel a los responsables. En caso contrario, el futuro de la Cuarta Transformación de la República se deslizará por una peligrosa pendiente de encubrimiento y complacencia de cuestiones que el pueblo de México necesita conocer, simplemente para vivir con normalidad, sin sospechar fundada o infundadamente que tiene en puestos claves a delincuentes, cómplices de poderosos narco-políticos”.

La Cuarta Transformación de la Nación –subrayó el prestigiado abogado penalista- no debe, no puede, no tiene que permanecer ajena a este drama jurídico-político. “Hay que recordar que nuestra Constitución Política aporta al campo de la justicia un suelo y un vuelo con indudable aliento de democracia. Nuestro Pacto Federal no se limita a la proclamación de garantías, derechos y libertades sino que establece mecanismos e instituciones de garantía para hacer realidad la existencia de esos derechos y salvaguardas.

“Nuestra Carta de Carranza –enfatizó- es un libro histórico-jurídico que asegura la efectividad de lo que proclama y para ello marca los mecanismos para remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud”.

Woolrich Ortiz aclaró enérgicamente que “nuestra Carta Magna no da legitimidad a injusticias, ni tampoco garantiza impunidades de los narco-políticos que son los que ahora pretenden mandar”, tal y como el ex embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, afirmara en la víspera, que el Presidente López Obrador deja hacer todo a los cárteles de la droga al no combatirlos, que son dueños de más de 30 por ciento del territorio nacional.

“Nuestra Ley Fundamental exige un derecho distinto al de brindarle protección a la delincuencia del poder. Es en definitiva una ley digna y respetable”, concluyó el jurista.