FGR enfrenta al robo y contrabando de hidrocarburos, tráfico de armas a vinculados a las redes de narcotráfico

Personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), de la Fiscalía General de la República ejecutó cateos, aseguramientos y órdenes de aprehensión en ocho estados del país entre el 9 y 10 de agosto, en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Armada de México y personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Investigar a partir de trabajos de inteligencia y actuar con firmeza para desarticular estructuras criminales —sin importar si se trata de robo y contrabando de hidrocarburos, tráfico de armas, narcotráfico transnacional o incluso abuso desde el propio servicio público— es para la Fiscalía General de la República, la manera concreta de poner la justicia al servicio del pueblo de México.

“La Fiscalía no se mide en el discurso, sino en los hechos. Nuestro compromiso es investigar para erradicar la impunidad, actuar con firmeza y servir, sin excepción, a la justicia del pueblo de México”: Ernestina Godoy, Fiscal General de la República.

Firmeza contra el robo de hidrocarburos. En Mazatlán, Sinaloa, la AIC cateó un inmueble por delitos en materia de hidrocarburos y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas, asegurándose 14 mil 010 litros de combustible, 13 cartuchos, un cargador, cuatro vehículos, 15 contenedores y el inmueble. En Nahuatzen, Michoacán, actos de investigación por el mismo tipo de delito permitieron localizar y asegurar un tractocamión. Lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal.

Menos armas en las calles: cuatro detenciones en cuatro estados. En cumplimiento de órdenes de aprehensión y reaprehensión, la AIC aseguró a cuatro personas señaladas por posibles delitos relacionados con armas de fuego: Alex “N”, en Nuevo Progreso, Tamaulipas, por portación de arma de uso exclusivo de las fuerzas armadas; Luis “N”, en Tepeaca, Puebla, por portación de arma sin licencia; Salvador “N”, en Chicoloapan, Estado de México, por el mismo delito; y Federico “N”, en Tijuana, Baja California, por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Las cuatro personas quedaron a disposición de la autoridad judicial en sus respectivas entidades.

Inteligencia contra el narcotráfico transnacional. En Atizapán de Zaragoza, Estado de México, la AIC cumplimentó una orden de aprehensión contra Gladys “N”, alias "La Patrona", de nacionalidad extranjera, señalada como posible operadora logística de una estructura dedicada al tráfico internacional de cocaína mediante un método de impregnación química en prendas de vestir para su envío, vía paquetería aérea, a Estados Unidos, Europa y Australia. Fue puesta a disposición de la autoridad judicial en Colima.

De manera paralela, la AIC cateó tres inmuebles en Jiutepec, Morelos, así como en Colima y Villa de Álvarez, Colima, por delitos contra la salud posiblemente vinculados con una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de narcóticos hacia Estados Unidos, Europa y Asia, asegurándose equipo de cómputo, un arma larga y documentación diversa. Este tipo de trazabilidad —de una operadora logística a la infraestructura de una red— es lo que hace posible la inteligencia procesal, es decir, no perseguir hechos sueltos, sino desarticular estructuras completas.

Acciones contra red logística criminal. En Manzanillo, Colima, la AIC cateó dos inmuebles por el delito de robo y detuvo en flagrancia a Alejandro “N” y Gabriela “N”. Se aseguraron dos armas cortas, tres vehículos, 26 dispositivos electrónicos, 32 dispositivos de almacenamiento de datos, 28 tarjetas bancarias, tres rastreadores y dos inhibidores de señal, además de dos inmuebles. El volumen y la naturaleza de lo asegurado —tarjetas bancarias, rastreadores, inhibidores— es el tipo de evidencia que el análisis de contexto de la AIC convierte en nuevas líneas de investigación, no solo en un aseguramiento.

Integridad sin excepciones. En Jiutepec, Morelos, la AIC cumplimentó una orden de aprehensión contra Apolonio “N” por la posible comisión del delito de uso indebido de credenciales de servidor público. La FGR ha sido clara: la lucha contra la impunidad hacia afuera exige integridad en el propio entorno institucional. La tolerancia cero al abuso no distingue entre quien delinque desde la sociedad civil y quien lo hace desde un cargo público.

En línea con la visión de la Fiscal General de la República, la institución reafirma su compromiso con que donde haya impunidad, habrá investigación; y donde haya crimen, habrá consecuencias. Estas acciones son ejemplo de cómo la Fiscalía General de la República cumple ese principio.

Todas las personas mencionadas en este comunicado gozan de la presunción de inocencia mientras no se determine lo contrario en sentencia firme emitida por la autoridad judicial competente, de acuerdo con lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales.