Familiares personas desaparecidas pide ser la voz de las víctimas en el Consejo Nacional de Búsqueda

Ante las comisiones de Gobernación y Derechos Humanos, que presiden las senadoras Lilia Margarita Valdez Martínez y Reyna Celeste Ascencio Ortega, comparecen los aspirantes a consejeras y consejeros honoríficos del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

La lista de candidatas y candidatos está conformada por 44 personas, de las cuales, 12 son familiares de desaparecidos, 11 representantes de organizaciones civiles y 21 especialistas.

Valdez Martínez, presidenta de la Comisión de Gobernación, indicó, en nombre de las y los senadores, que entienden la situación por la que pasan los familiares de personas desaparecidas, por lo que les piden confiar en el proceso de designación.

Las comparecencias arrancaron con los familiares y el primero en tomar la palabra fue Francisco Javier Espinosa Granados, quien señaló que su voz es a nombre de las familias que tienen algún integrante desaparecido, como en su caso, que desde hace 18 años está desaparecido su hijo.

La desaparición de personas -consideró-, se “puede prevenir”, pues cuando trabajan en conjunto autoridades de los tres órdenes de gobierno, asociaciones civiles y familias, se pueden realizar políticas públicas en materia de prevención, pero “siempre con las familias”.

En su turno, Araceli Magdalena Rodríguez Nava afirmó que su hijo es uno de los siete policías federales y un civil desaparecidos en cumplimiento por una “omisión del gobierno”, por lo que para buscarlos formaron el colectivo ‘Colibrí’. Es un movimiento que no “lucra” con el dolor ajeno, pues es una “tortura continuada”, agregó.

De ahí que considere a la búsqueda de los familiares como una “constante agonía”, por lo que estimó que es importante escuchar a las familias de las víctimas, brindarles acompañamiento y garantizar sus derechos.

José Andrés Méndez Ñeco, miembro del colectivo “Amor por los desaparecidos en Tamaulipas”, relató que tiene 12 años en la búsqueda de su hermana y sostuvo que no es suficiente con protocolos o leyes para encontrar a sus familiares.

Además, acotó, se requiere el trabajo de los tres órdenes de gobierno, de empatía por parte de las autoridades y del Ministerio Público, realizar los enlaces entre víctimas indirectas, no esperar hasta las 72 horas para atender una denuncia y tomar en cuenta a las familias.

A su vez, Alejandrina Fabiola Orozco Romano, refirió que ella es una madre buscadora y puede decir que la búsqueda de su hijo la ha llevado a ser “victima” de las fiscalías, hecho que viven muchas familias, que no sólo son víctimas de la delincuencia organizada.

Por ello, hizo un llamado para terminar la “hostilidad” hacia ellas al hacer búsquedas en lugares específicos; anticipó que en caso de ser consejera será la voz de las familias, de sus desaparecidos, a fin de trabajar con las y los senadores para garantizar sus derechos, encontrar a las personas desaparecidas, capacitar a las autoridades encargadas y “aplicar la ley” con la intención de evitar este delito.

María Isabel Cruz Bernal comentó que es una madre buscadora y “una madre que perdió a su otro hijo por la tristeza y la impotencia”, por lo que su presencia es lograr ser consejera ante la tragedia de las desapariciones, “un flagelo en donde toda la sociedad es culpable”.

Todas las familias, enfatizó, merecen justicia y saber dónde está su ser querido, ya que nadie eligió estar en esa situación ni buscar en fosas clandestinas, penales, hospitales, reclusorios; de ahí se deben agilizar las labores de campo y la identificación forense, de manera que la participación de las familias “no es una opción, sino un derecho”, pues “nos están matando” por buscar a los nuestros.

Por su parte, Diana Alvarado Álvarez anotó que ella es una hija buscadora, que desde 2016 busca a su madre, por tal motivo es que pretende ser consejera para que ninguna familia enfrente sola un proceso tan doloroso.

Para ello, acotó, se tiene que escuchar a las familias, orientarlas y trabajar en conjunto con los tres órdenes de gobierno, “porque sí se puede”, ya que son las familias las que conocen de fondo la problemática y lo que se necesita para la búsqueda y localización.

Adela Alvarado Valdés dijo que la “negligencia, indiferencia y revictimización” es algo que de lo que viven las familias por parte de las autoridades, como le sucedió desde que desapareció su hija.

Advirtió que, aunque hay leyes en la materia, hasta este momento no se ha logrado el mecanismo extraordinario de identificación forense y pese a que las madres buscadoras piquen piedra y el dolor se transforme en una lucha digna, no hay nada de apoyo para encontrar a sus hijos e hijas, “yo no elegí ser madre buscadora ni buscar entre cadáveres o huesos, es un dolor tremendo”.