Facultar al Congreso de la Unión para legislar en alimentación sostenible

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018 refleja que 44.5 % de los mexicanos aseguró tener seguridad alimentaria; 32.9 % presenta inseguridad alimentaria leve y 22.6 % inseguridad alimentaria moderada y severa.

La senadora Nancy de la Sierra Arámburo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó una iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de alimentación sostenible.

En conferencia de prensa, la legisladora por Puebla señaló que a pesar de la densidad normativa constitucional que rodea el derecho a la alimentación, México no cuenta con un marco jurídico nacional que establezca con claridad una política rectora en materia de alimentación y las normas aplicables se encuentran dispersas en distintos ordenamientos.

La iniciativa busca reformar el artículo 73 constitucional y facultar al Congreso de la Unión para expedir la legislación correspondiente a la promoción, respeto y garantía de una alimentación sostenible, nutritiva, suficiente y de calidad.

“La alimentación nutritiva y de calidad nos debe importar, no sólo porque es nuestro derecho, sino porque tiene un impacto directo en la productividad de las personas, en su posibilidad de sufrir enfermedades, en su bienestar psicológico y, en consecuencia, afecta sus oportunidades para aumentar sus ingresos y mejorar su calidad de vida”, comentó.

Recordó, que el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2: Poner fin al hambre, de la Agenda 2030, cobra especial relevancia al pretender asegurar el acceso de todas las personas a una alimentación sana, nutritiva y suficiente, en particular de quienes enfrentan una situación vulnerable; poner fin a todas las formas de malnutrición y abordar las necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres embarazada, lactantes y adultos mayores; así como asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos, conforme lo establecido en las metas 2.1, 2.2 y 2.4 respectivamente.

De la Sierra Arámburo agregó que la iniciativa “plantea establecer la concurrencia de los tres órdenes de gobierno para garantizar este derecho. Un requisito indispensable para la elaboración de una política alimentaria efectiva, porque, como he mencionado en incontables ocasiones, los gobiernos locales son quienes mejor conocen las necesidades de sus comunidades”.

Dulce Ramírez, Directora de Igualdad Animal, expresó que “esta reforma permitirá al Congreso de la Unión legislar en materia de alimentación sostenible y, de esta forma, garantizar que todo habitante de nuestro país pueda acceder a una alimentación que contribuya a disminuir nuestro impacto ambiental y que sea más compasiva y respetuosa con los animales”.

Karina González Bret, Especialista de Sostenibilidad de Alianza Alimentaria y Acción Climática, señaló que la reforma “es fundamental para que las iniciativas que buscan impulsar un sistema alimentario más sostenible aporten una visión integral de todos los factores sociales, económicos y ambientales que juegan un papel fundamental en la alimentación de la ciudadanía”.

En la conferencia de prensa, celebrada en el Patio del Federalismo del Senado de la República, la senadora Nancy de la Sierra estuvo acompañada por senadoras y senadores que integran la Comisión Especial para el Seguimiento a la Implementación de la Agenda 2030 en México, así como integrantes de las organizaciones Alianza Alimentaria y Acción Climática e Igualdad Animal México, a quienes agradeció el apoyo para la construcción de la presente iniciativa al compartir información e investigaciones realizadas.