Extorsión delito grave que debilita la economía y afecta paquete económico

La extorsión ya no puede ser vista únicamente como un problema de seguridad pública, sino que es también una amenaza para la economía, la inversión, el campo, la construcción, la obra pública y las finanzas del Estado, afirmó el diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar.

El legislador señaló que durante 2024, de acuerdo con cifras del INEGI y la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, se estimaron alrededor de 5.7 millones de eventos de extorsión en México, mientras que la cifra oculta se ubicó cerca del 97 por ciento.

“La inmensa mayoría de los hechos no llega efectivamente al sistema de procuración de justicia. El delito crece, pero casi nunca es denunciado, lo que provoca que haya muy pocas investigaciones y, por lo tanto, la impunidad sea enorme”, mencionó.

El diputado federal recordó que el impacto económico es muy grave, pues en 2024, la inseguridad y el delito representaron para los hogares mexicanos un costo aproximado de 269 mil 600 millones de pesos, mientras que las familias destinaron alrededor de 91 mil 800 millones de pesos a medidas de protección y prevención.

“En los hechos, la extorsión funciona como un impuesto criminal, es dinero que sale de los bolsillos de trabajadores, comerciantes, empresarios y productores, pero que no llega a las finanzas públicas ni se convierte en escuelas, hospitales, vivienda, infraestructura o programas sociales”, destacó.

El también Vicecoordinador de la bancada legislativa de Morena en la Cámara de Diputados reconoció que la extorsión y la impunidad también pueden terminar encareciendo la obra pública y la construcción de vivienda para el bienestar: “Cuando transportistas, contratistas, proveedores de materiales o empresas de construcción enfrentan cobros ilegales, esos costos pueden trasladarse a toda la cadena productiva. Es decir, la extorsión nos afecta a todos”.

“La extorsión afecta a grandes empresas, pequeños negocios, comerciantes, transportistas y ciudadanos, pero también al sector rural. Existen regiones donde productores pueden enfrentar cobros ilegales vinculados con la comercialización de ganado, la venta de cabezas, el traslado de mercancías o la salida de granos y cosechas”, mencionó.

Ramírez Cuéllar sostuvo que se debe seguir impulsando el Acuerdo Nacional contra la extorsión que encabezó la presidenta Claudia Sheinbaum en diciembre pasado y fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para erradicar este delito e investigar cualquier posible red de protección, corrupción o tolerancia institucional: “Cuando existan indicios de protección política, participación de autoridades locales, integrantes de cuerpos de seguridad o actores del sistema de justicia, deben investigarse hasta sus últimas consecuencias”.

El legislador reiteró su preocupación por la baja tasa de denuncias de este delito: “No es posible que el 97 por ciento de los casos de extorsión no sean denunciados. Ello evidencia la necesidad de fortalecer la denuncia anónima, la protección a víctimas, la inteligencia financiera, el seguimiento de cuentas y comunicaciones y la identificación de patrones territoriales”, destacó.

El diputado manifestó que la extorsión no sólo afecta a las víctimas directas, sino que atenta contra la estabilidad de empresas y productores rurales, y quebranta la tranquilidad de las familias mexicanas.

“Enfrentar este delito debe convertirse en una prioridad nacional, con acciones donde participen la sociedad y el gobierno de manera conjunta para cerrar espacios a la delincuencia, romper las redes de impunidad y lograr que el dinero de las familias y de quienes producen permanezca en su patrimonio y en la economía formal, para alcanzar el desarrollo de México”, concluyó.