Extender plazos del Presupuesto Participativo 2025 sólo por hoy

Las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, y la de Participación Democrática y Ciudadana del Congreso local aprobaron el dictamen a la iniciativa presentada por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Marina Brugada Molina, con modificaciones normativas que permiten extender el plazo de compromiso del gasto hasta el 15 de diciembre para los proyectos derivados de la consulta del Presupuesto Participativo 2025.

La iniciativa propone reformar el Artículo Noveno Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, adicionar un artículo 63-Bis a la Ley de Responsabilidades Administrativas de la CDMX y adicionar un capítulo XIV al Título Décimo Octavo del Libro Segundo, un artículo 276-Bis y un artículo 276-Ter al Código Penal para el Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial de la CDMX, Número 482 Tomo II, de fecha 31 de diciembre de 2018.

“Por única ocasión y concretamente por lo que hace al Presupuesto Participativo a que hacen referencia los artículos 26, Apartado B de la Constitución Política de la Ciudad de México, 117 de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, así como 16 y 17 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2025, las Alcaldías podrán comprometer recursos a más tardar el 15 de diciembre de 2025, respecto de los conceptos de gasto dispuestos en el artículo 63, párrafo segundo de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México”, establece la reforma aprobada al Artículo Noveno Transitorio.

La presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, diputada Valentina Valia Batres Guadarrama (MORENA), explicó que este dictamen amplía de manera extraordinaria los plazos para que las alcaldías puedan comprometer los recursos del Presupuesto Participativo 2025 hasta el 15 de diciembre, en respuesta a una circunstancia excepcional derivada de la reforma Constitucional en materia judicial para renovar a las personas juzgadoras.  

“Como consecuencia, la consulta ciudadana sobre el Presupuesto Participativo fue programada para celebrarse el tercer domingo de agosto”, explicó la legisladora, “este ajuste al calendario entra en contradicción con los dispuesto en el artículo 63 de la Ley de Austeridad, que establece como fecha límite el 31 de octubre para comprometer recursos destinados a obra pública y el 15 de noviembre para otros conceptos de gasto”, lo que no daría a las alcaldías el margen operativo suficiente para ejecutar adecuadamente los proyectos votados por la ciudadanía.

Precisó que esta reforma no vulnera el principio de anualidad presupuestal, en tanto que no propone ejercer recursos fuera del Ejercicio Fiscal, sino simplemente, extender de manera extraordinaria el plazo para comprometerlos, dentro del mismo ejercicio presupuestario, exclusivamente para los proyectos aprobados mediante consulta ciudadana, “como medida proporcional, razonable y estrictamente acotada en el tiempo”.

El presidente de la Comisión de Participación Democrática y Ciudadana, diputado Fernando Zárate Salgado (MORENA), argumentó que este es un proceso extraordinario, ya que el Presupuesto Participativo se votará en la tercera semana de agosto, y dentro de esta excepcionalidad sería incorrecto por técnica legislativa el fijar fechas de las que no se tiene un buen manejo, que podrían comprometer a la administración pública o perjudicar a las alcaldías, por lo que respaldó la propuesta de la jefa de Gobierno y propuso esperar la guía de operación.

El legislador Diego Orlando Garrido López (PAN) planteó una reserva para que la ejecución de proyectos se extienda hasta el día 31 de marzo de 2026, con el fin de garantizar la implementación de acuerdos ciudadanos, aplicación del gasto público y conclusión de procedimientos administrativos, comunitarios y técnicos derivados de la consulta ciudadana de agosto del 2025, la cual fue desechada.

La diputada Xóchitl Bravo Espinosa (MORENA) afirmó que la iniciativa que presentó la jefa de Gobierno fue construida a partir de un diálogo con las y los alcaldes para ampliar el tiempo para que las demarcaciones puedan comprometer este recurso; y que poner una temporalidad para la ejecución entorpecería la labor de las alcaldías en la ejecución del Presupuesto Participativo. Asimismo, pidió a las alcaldías transparentar el uso de estos recursos.

En su participación, el diputado Federico Chávez Semerena (PAN) respaldó la iniciativa de la jefa de Gobierno y la reserva del diputado Garrido López, a fin de extender el periodo de ejecución para facilitar el trabajo de los gobiernos de las alcaldías.

El diputado Jesús Sesma Suárez (PVEM) consideró que aprobar esta reserva afectaría directamente a las y los alcaldes, sobre todo en el aspecto de ejecución.

Sin embargo, solicitó al diputado Garrido López explicar más a detalle su reserva.

Al respecto, la diputada Batres Guadarrama precisó que las leyes actuales establecen como fecha límite el 30 de octubre para comprometer obra pública por contrato y el 15 de noviembre para los demás rubros, incluso obra pública que se haga por administración, por lo que consideró que hablar de tiempos de ejecución es otro tema.   

El dictamen aprobado señala que esta reforma no constituye una alteración permanente del ciclo presupuestario ni un cambio estructural en las reglas de ejecución del gasto, sino una respuesta de carácter excepcional, puntual y técnicamente viable a una circunstancia derivada del reordenamiento del calendario institucional, en virtud de la realización del proceso electoral extraordinario para la renovación del Poder Judicial, que a su vez, desplazó la fecha de la consulta ciudadana sobre Presupuesto Participativo al mes de agosto.