Expedir Ley del Instituto Defensoría Pública de la Ciudad de México

Con el propósito de establecer un nuevo marco jurídico que regule la organización y prestación de los servicios de defensa pública bajo la figura de un organismo constitucional autónomo, el diputado Mario Enrique Sánchez Flores presentó una iniciativa para expedir la Ley del Instituto de Defensoría Pública de la Ciudad de México.

En la Sesión Ordinaria del Congreso capitalino de este martes, señaló que la defensa pública debe garantizarse como un derecho de la ciudadanía y no entenderse como un favor del Estado, especialmente para quienes carecen de recursos económicos para contratar representación legal.

“Cuando una persona necesita justicia, no busca explicaciones sobre el gobierno; necesita que alguien la escuche, la oriente y la defienda”, subrayó el integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN).

Explicó que su propuesta contempla dotar a dicho instituto de autonomía técnica, de gestión, funcional, presupuestal y financiera, así como personalidad jurídica y patrimonio propios.

También establece que su dirección sea seleccionada mediante un procedimiento público con participación ciudadana.

Asimismo, que plantea establecer un sistema de seguimiento individualizado de los casos; mecanismos para presentar quejas por deficiencias en el servicio, y un Servicio Profesional de Carrera que impulse la capacitación continua, la evaluación del desempeño y mejores condiciones laborales para las personas defensoras públicas.

En la tribuna, el representante popular subrayó que el Artículo 51 de la Constitución Política de la Ciudad de México establece la creación de un Instituto de Defensoría Pública autónomo, especializado e imparcial. En ese sentido, sostuvo que la iniciativa busca avanzar en el cumplimiento de este mandato.

En ese contexto, aclaró que con el Instituto de la Defensoría Pública capitalina se pretende garantizar la protección de las víctimas, en particular los grupos vulnerables de la población que carecen de recursos para los procesos de justicia.

De acuerdo con la iniciativa, se considera la incorporación de la perspectiva de género, el enfoque interseccional y el interés superior de la niñez, así como atención especializada para pueblos y barrios originarios, comunidades indígenas residentes; niñas, niños y adolescentes; personas con alguna discapacidad; mujeres víctimas de violencia, y otros grupos en situación de vulnerabilidad.

Al concluir la participación del panista, la Mesa Directiva informó que la iniciativa sería turnada a la Comisión de Justicia Cívica y Defensoría Pública, para su análisis y dictaminación.