Exigir auditorías a mega proyectos ,obras públicas programas sociales del Gobierno de Ciudad de México

EDMUNDO OLIVARES ALCALA. ……………

exhorta a diversas dependencias del Gobierno capitalino y a la Auditoría Superior de la Ciudad de México a realizar auditorías especiales, integrales y preventivas a los megaproyectos, obras públicas y programas sociales implementados por la actual administración.

El Diputado Ricardo Rubio Torres, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la III Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, presentó ante el pleno una dicha proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución.

Durante su intervención, el legislador subrayó que la Ciudad de México atraviesa uno de los periodos de mayor ejercicio presupuestal de los últimos años, con la ejecución simultánea de proyectos de infraestructura urbana, movilidad, regeneración del espacio público y programas sociales de gran alcance, lo que hace indispensable reforzar los mecanismos de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas.

Rubio Torres señaló que proyectos como las Unidades de Transformación y Organización para la Inclusión y la Armonía Social (UTOPÍAS), el Plan de Obras Públicas 2025–2026, la modernización del Tren Ligero, los programas de rehabilitación urbana, así como programas sociales de cobertura masiva, implican el uso de miles de millones de pesos de recursos públicos y generan un impacto directo en la vida cotidiana de las y los capitalinos.

“El desarrollo y la inversión pública son necesarios, pero deben ir acompañados de controles claros, auditorías oportunas y transparencia total. Cada peso del presupuesto público debe ejercerse con legalidad, eficiencia y resultados verificables”, afirmó el Diputado.

El legislador advirtió que la falta de auditorías preventivas incrementa el riesgo de desviaciones presupuestales, sobrecostos, opacidad y decisiones discrecionales, además de debilitar la confianza ciudadana en las instituciones. Asimismo, destacó la importancia de evaluar no solo el gasto financiero, sino también el desempeño y el impacto real de las obras y programas sociales.

Rubio Torres hizo especial énfasis en la necesidad de distinguir con claridad aquellos proyectos que son presentados como inversión privada, pero que implican autorizaciones, infraestructura complementaria o servicios públicos financiados con recursos del erario, como es el caso de la remodelación del Estadio Azteca (Estadio Banorte). Señaló que esta delimitación es fundamental para garantizar la transparencia y la correcta rendición de cuentas.

“El objetivo no es frenar el desarrollo ni politizar la fiscalización. Lo que buscamos es prevenir irregularidades, proteger el patrimonio público y asegurar que los beneficios de los proyectos lleguen realmente a la ciudadanía”, sostuvo.El Punto de Acuerdo exhorta a las siguientes autoridades:

1.⁠ ⁠A la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, para que instruya a las dependencias de la administración pública local a facilitar y transparentar la información necesaria para la realización de auditorías especiales.

2.⁠ ⁠A la Secretaría de la Contraloría General, para que realice auditorías especiales, integrales y preventivas a los megaproyectos, obras públicas y programas sociales de mayor impacto presupuestal y social.

3.⁠ ⁠A la Secretaría de Administración y Finanzas, para que colabore en la revisión del ejercicio del gasto, las modificaciones presupuestales y el cumplimiento de metas financieras vinculadas a dichos proyectos y programas.

4.⁠ ⁠A las dependencias ejecutoras de obra y programas sociales, para que rindan informes detallados sobre avances físicos, técnicos y financieros, así como sobre procesos de contratación y resultados.

5.⁠ ⁠A la Auditoría Superior de la Ciudad de México, para que valore la realización de auditorías especiales y de desempeño, en el marco de sus atribuciones.

6.⁠ ⁠A que las autoridades exhortadas remitan al Congreso de la Ciudad de México un informe de resultados y acciones correctivas en un plazo no mayor a 90 días naturales.

El Diputado Ricardo Rubio Torres reiteró que la fiscalización y la transparencia no debilitan al gobierno, sino que lo fortalecen y lo hacen más legítimo frente a la ciudadanía.