Exigen la renuncia de Rafael Guerra al PJCDMX por su connivencia con fuerzas corruptas y favoritismos

BLAS A. BUENDÍA. ……………………………………………

Cientos de trabajadores sindicalizados e independientes exigieron la pronta renuncia del magistrado Rafael Guerra Álvarez a la presidencia del Poder Judicial de la Ciudad de México, por su amplia incapacidad evolutiva, su connivencia con fuerzas corruptas y verse rebasado por las demandas de trabajadores que rechazan la extinción de juzgados que solo generaría una enorme esclavizante carga de trabajo.

A través de un panfleto, y conforme a los últimos acontecimientos que se han registrado en torno al conflicto laboral por la extinción de juzgados para vincularlos con otros en las diferentes ramas del Derecho, el todavía presidente del Tribunal Superior de Justicia local, se había comprometido a respetar los derechos de trabajadores quienes de forma sometida y oprimida, se han visto disconformes por esta salomónica actuación promovida por el mismo Rafael Guerra Álvarez.

“Se convoca a todos los justiciables que hayan sufrido un daño o menoscabo en su patrimonio o de su familia con motivo de las decisiones equivocadas y mal intencionadas tomadas por el licenciado Guerra, que afectan a la base trabajadora”, afirmo el documento que muestra el desconcierto de tan aberrante decisión.

Para el efecto, este viernes efectuarán su protesta pacífica en la sede de la Ciudad de Justicia para luego, organizados, desarrollar una marcha hacia el Congreso de la Ciudad de México, adelantando mil disculpas por los daños viales que pudieran ocasionarse.

En el trayecto de su movimiento laboral, los trabajadores demandarán al Congreso-CDMX la destitución del presidente del tribunal, “y su consignación ante tribunales federales”, ya que si bien le darán vista al Consejo de la Judicatura local, denunciaron que éste no es confiable debido a que el magistrado Guerra “tiene comprada muchas conciencias” que han desvirtuado el proceso de justicia en todas sus modalidades.

La marcha pacífica se llevará este viernes a partir de las 8 de la mañana en la avenida Niños Héroes enfrente de la sede del TSJCDMX, encaminarse al Congreso de la capital para después manifestarse en Palacio Nacional, donde se le solicitará a la jefa del Ejecutivo federal, mayor presupuesto porque el que le fue asignado no cubre las asignaciones pendientes, no así los salarios que ascienden al 80%.

Esta movilización está organizada por Colegios de Abogados, Asociaciones y Federaciones, demás varias agrupaciones de litigantes decididos a “unirse a la marcha-mitin por una impartición de justicia verdadera, pronta y expedita”.

De concretarse la inminente dimisión de Rafael Guerra Álvarez, marcaría un precedente histórico al que se suma la del magistrado Saturnino Agüero Aguirre, quien ante presiones políticas tuvo que presentar su renuncia por otro escándalo laboral que se conjugó con un crimen de Estado en el que aparentemente estuvo involucrado, además de que no soportó a los medios que lo acusaban de “¡asesino!”

El Doctor en Derecho Saturnino Agüero Aguirre renunció por el crimen político del magistrado Abraham Polo Uscanga, ante la desaparición forzada de la central camionera urbana Ruta-100.

Presidente del entonces Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, presentó su abdicación tras el asesinato del magistrado Uscanga, quien fue acribillado en su despacho el 19 de junio de 1995.

Polo Uscanga había denunciado debido a las presiones por parte de Agüero Aguirre para que firmara órdenes de aprehensión contra los trabajadores de la Ruta-100, a los que se les había despojado de su fuente de trabajo tras la quiebra de dicha empresa que cumplirá 30 años de su forzada disolución.

La quiebra de la Ruta-100, decretada el 8 de abril de 1995, dejó a 12,004 trabajadores en la calle y generó un conflicto laboral que aún persiste. Los trabajadores han denunciado la impunidad y la corrupción en torno a su caso, y han exigido justicia y compensación por las pérdidas sufridas, acción que por su lado, el presidente magistrado Rafael Guerra Álvarez aparentemente ha obstruido el proceso judicial a través de jueces de consigna.

El asesinato de Polo Uscanga es considerado un crimen de Estado, y su caso sigue sin resolverse. La Comisión Liquidadora de la Ruta-100 ha denunciado continuamente la falta de voluntad política para resolver el conflicto y ha exigido al gobierno de la Ciudad de México que otorgue una solución urgente y justa a los trabajadores afectados que hasta este momento, no han visto una resolución definitiva a pesar que los entonces líderes Ricardo Barco López (declarado en arresto domiciliario bajo las garantías de amparo que un juez le otorgó), Gabino Camacho Barrera y una veintena más de cómplices, éstos siguen prófugos de la justicia.