Exige investigar 571 adjudicaciones directas en alcaldía de Azcapotzalco
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ALEXIS HERNANDEZ OLIVARES. ………………….
La Diputada local Laura Álvarez Soto presentó un Punto de Acuerdo para solicitar que la Contraloría General y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México investiguen posibles irregularidades en la adjudicación directa de contratos por parte de la alcaldía Azcapotzalco.
De acuerdo con información publicada por Reporte Índigo, entre 2025 y el primer trimestre de 2026 el gobierno encabezado por la alcaldesa Nancy Núñez habría realizado 571 adjudicaciones directas por más de 534 millones de pesos.
Álvarez Soto recordó que anteriormente denunció desde la tribuna del Congreso presuntas irregularidades en permisos de construcción otorgados en la demarcación y advirtió que nuevamente existen indicios de que la alcaldía pudiera estar favoreciendo intereses privados por encima del bienestar de la ciudadanía.
La legisladora explicó que la ausencia de licitaciones públicas reduce la competencia entre proveedores y limita la posibilidad de comparar precios, calidad y experiencia. Además, concentra en pocas manos la decisión sobre el destino de los recursos públicos y puede afectar la calidad y el costo de los bienes y servicios que recibe la población.
“Si cada adjudicación está justificada, que se demuestre con documentos. Si los precios fueron los mejores, que se publiquen los estudios de mercado. Si los proveedores cumplieron, que se acrediten los resultados. Pero si hubo irregularidades, debe haber consecuencias”, sostuvo.
El punto de acuerdo propone, en primer lugar, exhortar a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México a realizar auditorías financieras a la alcaldía y revisar a profundidad las adjudicaciones directas.También solicita a la Fiscalía capitalina investigar la posible comisión de los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y uso ilegal de atribuciones y facultades por parte de la alcaldesa Nancy Núñez y de quien resulte responsable.
“Los recursos públicos deben servir al bienestar público. Nunca al interés personal. Y este Congreso debe velar por ello”, concluyó.
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