Exhortan SEDEMA fortalecer difusión de incentivos fiscales materia ambiental

Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) fue exhortada por el Congreso de la Ciudad de México a fortalecer la difusión de los incentivos fiscales a las personas físicas y morales que demuestren que han cumplido con los programas de Auditoría Ambiental, Autorregulación y Certificación de Edificaciones Sustentables en su fase de operación.

En su última sesión plenaria, el pasado 26 de agosto, la Comisión Permanente aprobó un Punto de Acuerdo al respecto de los diputados Nora del Carmen Bárbara Arias Contreras y Pablo Trejo Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Desde la tribuna, el congresista externó que la protección del medio ambiente debe consolidarse como una responsabilidad compartida entre autoridades, ciudadanía, sector privado y organizaciones sociales. De ahí, agregó, la importancia de difundir los incentivos fiscales destinados a quienes cumplen con las disposiciones ambientales vigentes.

Subrayó que para enfrentar los retos ambientales de la Ciudad de México, las políticas públicas no pueden limitarse sólo a esquemas punitivos o de inspección y vigilancia.

“La construcción de una ciudad verdaderamente resiliente requiere emigrar, con firmeza, hacia un modelo de gobernanza basado en la corresponsabilidad activa y el estímulo económico, donde los instrumentos de la hacienda pública se conviertan en verdaderos catalizadores de la reconversión ecológica del sector productivo y de la sociedad”, puntualizó.

Expuso que, según datos del INEGI, a través de las cuentas económicas y ecológicas de México, los costos por agotamiento de recursos naturales y degradación ambiental equivalen a 4.1 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

Esto, añadió, representa aproximadamente un billón 380 mil millones de pesos, mientras que el gasto público destinado a la producción ambiental representa apenas el 0.7 por ciento del PIB.

Derivado de ello, consideró indispensable activar mecanismos de fomento que detonen e incentiven la conversión estratégica del sector privado hacia ecotecnologías y procesos sustentables.

Pablo Trejo explicó que los artículos 276 y 277 del Código Fiscal de la Ciudad de México y la Ley Ambiental capitalina contemplan reducciones tributarias sustanciales, de entre el 10 y 40 por ciento, en conceptos fundamentales como el Impuesto Sobre Nóminas (ISN), el impuesto predial y los derechos por el suministro de agua.

“Sin embargo, enfrentamos una problemática crucial: la dispersión normativa genera una brecha de información que frena el aprovechamiento real de los incentivos.

De nada sirve contar con incentivos avanzados en la ley (…), si la ciudadanía y el sector empresarial desconocen los procedimientos para certificar sus procesos ante la Secretaría del Medio Ambiente”, reconoció.

Asimismo, detalló que en varias ciudades del mundo los beneficios fiscales están previstos para aquellas personas físicas y morales que adopten ecotecnologías, reciclen residuos u optimicen el uso del agua y la energía, o reduzcan sus emisiones contaminantes.

El representante popular subrayó que la protección ambiental constituye un eje estratégico para el desarrollo sostenible, la calidad de vida y la garantía del derecho de todas las personas a un medio ambiente sano.

Por ello, agregó, resulta fundamental resolver la brecha entre el reconocimiento normativo de los incentivos fiscales ambientales y su accesibilidad práctica.