Exhorta Comisión Permanente a Sedena y SRE a fortalecer acciones controlar uso ilegal armas de fuego

LOBO NEGRO. …………………………………..

La Comisión Permanente exhortó a las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), y de Relaciones Exteriores (SRE), a continuar con las acciones para la prevención, control, fiscalización y erradicación del tráfico y uso ilegal de armas de fuego en México.

El dictamen avalado, solicita a la Sedena que continúe con las acciones encaminadas a robustecer los mecanismos de registro, destrucción y trazabilidad de las armas incautadas o decomisadas, mediante protocolos que prevengan su posible reingreso al circuito ilegal.

También le pide incluir medidas como el uso de tecnologías de verificación, y la emisión de informes periódicos de consulta pública, en términos de lo dispuesto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

A la SRE, este órgano del Congreso de la Unión le pide que considere acciones diplomáticas, jurídicas y políticas orientadas a fortalecer la cooperación bilateral e internacional en materia de combate al tráfico ilegal de armas, así como otras acciones conjuntas que contribuyan a mejorar los controles fronterizos y reforzar los canales de cooperación judicial y regulatoria.

Esto, precisa el documento que puede consultarse en la Gaceta del Senado, en coordinación con el representante Permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas y el Embajador de México en los Estados Unidos de América.

El punto de acuerdo señala que diversos factores han contribuido a que el fenómeno de la violencia se convirtiera en una crisis de seguridad y derechos humanos de dimensión estructural en México, pero advierte que uno de los más determinantes es la circulación de armas de fuego ilegales.

De acuerdo con estimaciones del Colegio de México y del Small Arms Survey, entre 200 mil y hasta 873 mil armas de fuego ingresan cada año al país a través de canales ilícitos. “Esta cifra, plantea la necesidad de establecer mecanismos más eficaces de prevención, rastreo y responsabilidad internacional”, subraya el documento.

Por otra parte, previene que a nivel interno persiste una opacidad estructural en torno al manejo del armamento incautado, pues si bien la Sedena ha confiscado más de 28 mil armas de fuego, por la ausencia de registros detallados, supervisión civil y evidencia documental, se abre la posibilidad de que estas armas terminen nuevamente en manos de organizaciones criminales.

“Esta situación presenta una posible vulneración directa a la seguridad nacional y al derecho de la población a vivir en entornos libres de violencia”, sostiene.

Por ello, “es necesario fortalecer los controles internos para garantizar la destrucción efectiva del armamento asegurado; y acciones diplomáticas, jurídicas y legislativas internacionales para frenar el flujo ilícito de armas frente a una de las mayores amenazas a la seguridad y los derechos humanos en México”, concluye el acuerdo.