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Estrategia nacional gestión residuos de aparatos eléctricos y electrónicos

27 jul
3 min de lectura

El crecimiento del consumo de dispositivos electrónicos ha incrementado significativamente la generación de residuos de manejo especial asociados, pero la infraestructura destinada para su acopio, separación, reciclaje y aprovechamiento es insuficiente, advirtió el senador Carlos Humberto Suárez Flores, del PVEM.

Teléfonos, computadoras, tabletas, televisores, electrodomésticos, baterías, equipos médicos, herramientas eléctricas y una amplia variedad de dispositivos contienen materiales valiosos como cobre, aluminio, acero, oro, plata y plásticos técnicos que pueden reincorporarse a los procesos productivos mediante esquemas de reciclaje y economía circular.

Sin embargo, alertó el legislador, cuando dichos residuos no reciben un manejo adecuado, también representan una importante fuente de contaminación ambiental debido a que contienen sustancias peligrosas como plomo, mercurio, cadmio, cromo hexavalente y retardantes de flama bromados, capaces de contaminar el suelo, el agua y el aire.

En el punto de acuerdo que inscribió en la Gaceta del pasado 22 de julio, Suárez Flores consideró que fortalecer la gestión integral de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos constituye una acción impostergable del Estado mexicano.

Sobre todo, porque una proporción importante de los aparatos eléctricos y electrónicos que concluyen su vida útil continúa almacenándose en los hogares, mezclándose con residuos sólidos urbanos o ingresando a cadenas informales de reciclaje que no cumplen con los estándares ambientales y de seguridad comprometiendo el equilibrio de los ecosistemas y la salud humana.

Por ello, propuso exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para que implemente una Estrategia Nacional para la Gestión Integral de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos.

En el documento, turnado a la Segunda Comisión de la Permanente, el senador planteó orientar la estrategia a fortalecer las acciones de prevención, recolección, almacenamiento, valorización, reciclaje y disposición final ambientalmente adecuada de dichos residuos, bajo los principios de economía circular, responsabilidad compartida y desarrollo sostenible.

El senador destacó que los residuos electrónicos constituyen uno de los desafíos ambientales y sanitarios más importantes del siglo XXI, ya que cuando estos residuos son depositados en tiraderos a cielo abierto o reciclados mediante procesos informales pueden liberar sustancias peligrosas a través de la contaminación del suelo, agua y aire, lo que representa graves riesgos para la salud humana.

“La exposición continua a estos contaminantes puede ocasionar alteraciones neurológicas, respiratorias, reproductivas y del desarrollo infantil, además de generar impactos ambientales de largo plazo”, aseveró.

La recuperación de materiales como cobre, aluminio, oro y plásticos técnicos reduce la extracción de recursos naturales y constituye uno de los pilares de la economía circular; pero su disposición inadecuada favorece la liberación de contaminantes que deterioran los ecosistemas y generan riesgos para la salud pública, explicó el legislador.

Carlos Humberto Suárez advirtió que persisten importantes desafíos para lograr una aplicación homogénea del marco jurídico en todo el territorio nacional, ya que hay diferencias significativas respecto de la infraestructura disponible para el acopio y reciclaje, la implementación de los planes de manejo, la capacidad institucional para supervisar su cumplimiento y el grado de participación del sector privado en las cadenas de recuperación y valorización de materiales.

Puntualizó que se deben consolidar mecanismos permanentes de coordinación entre la Federación y las entidades; impulsar el cumplimiento efectivo de los planes de manejo previstos en la NOM-161-SEMARNAT-2011; ampliar la infraestructura para el acopio y reciclaje; así como fortalecer la educación ambiental y promover esquemas de responsabilidad extendida del productor que incentiven una mayor participación del sector empresarial.

 

 
 
 

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