Estado tiene la obligación de garantizar derecho sexual y reproductivo mujeres

El presidente de la Comisión de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, sostuvo que el Estado tiene la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, los cuales, consideró, son garantías fundamentales para contribuir a que las mexicanas vivan libres de violencia, discriminación y abandono.

Agregó que el acceso a una atención de calidad en esta materia no puede depender del lugar donde se nace, el ingreso económico, la edad o la lengua que se hable. Asimismo, señaló que las políticas al respecto tienen que medirse no por las leyes que se aprueban, sino por las vidas que se protegen.

Por lo anterior, Cruz Castellanos urgió a hacer compromisos para contar con servicios especializados y dignos, medicamentos, anticonceptivos e infraestructura suficientes para atender la salud sexual, en particular en comunidades vulnerables, además de implementar planes educativos en ese rubro basados en evidencia científica y adecuada a cada etapa de la vida de las mujeres.

En la inauguración del foro “Avances y Oportunidades para la Garantía de los Derechos Sexuales y Reproductivos en el Ciclo de Vida de las Mujeres”, el senador Emmanuel Reyes Carmona, de Morena, dijo que se tiene que legislar con una perspectiva laica y progresista, para visibilizar estos temas que “han estado lejos de la conversación pública durante mucho tiempo”.

La directora ejecutiva de Colmena Consultoras, Karla Berdichevsky, advirtió que en México aún prevalecen barreras socioculturales para lograr esas garantías, a pesar de que nuestro país ha signado y ratificado compromisos internacionales, y cuenta con normativas y políticas progresistas.

Debido a esas barreras, advirtió que cada año se registran alrededor de seis mil nacimientos por embarazos forzosos en menores de 15 años, el cáncer uterino sigue siendo la segunda causa de muerte en las mexicanas y la menopausia aún no está considerada en las políticas de salud nacionales, entre otras faltas.

Al respecto, Lisel Lifshitz, directora general de la organización Mujeres Aliadas, apuntó que hasta el 90 por ciento de los padecimientos de salud sexual, reproductiva, materna, neonatal y de adolescentes, pueden ser atendidos por parteras; no obstante, recordó que en el país solo existen seis escuelas que forman profesionales en esta materia, además de que no se valora suficientemente esa rama del conocimiento.

Anders Thomsen, representante de la Oficina en México del Fondo de Población de las Naciones Unidas, coincidió en que estos derechos son fundamentales para dar justicia, autonomía y dignidad a las mujeres, por lo que sostuvo que México debe consolidar su liderazgo en la región con leyes en esos rubros.

La titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, Alejandra Anguiano, subrayó que el derecho a decidir es una cuestión de justicia social e insistió en que el Estado tiene la obligación de reducir las desigualdades para tratar la salud de las mexicanas sin discriminarlas por su estatus social.