Estado mexicano y el perverso Estado paralelo participación de la sociedad

RICARDO MONREAL AVILA. ………………………….

Dos colaboraciones atrás, comenté el estudio presentado por la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC), en relación con México, en el cual se alertaba sobre el “poder criminal híbrido” y las políticas públicas que se sugiere aplicar para superar esta situación crítica.

Antes de reproducir las conclusiones del informe, es importante recordar lo mínimo requerido para proceder a una política pública de gran calado. Lo primero es que sea de Estado, es decir, que llegue con el mayor consenso posible dentro del Poder Legislativo, con la coordinación del Poder Judicial y la concentración de fuerza y recursos del Poder Ejecutivo, la concurrencia de esfuerzos internacionales y el mayor acuerdo y participación de la sociedad.

Parte importante de la estrategia que recomienda la ONU es la separación entre el poder criminal y los poderes político y económico, y hacia allá dirige sus recomendaciones.

México aparece, a partir del marco UNODC, como un país donde confluyen cinco dimensiones:

Primera: país estratégico para mercados de drogas, especialmente por su posición frente a Estados Unidos.

Segunda: transición del narcotráfico clásico hacia drogas sintéticas, laboratorios, precursores y cadenas logísticas compactas.

Tercera: consolidación de gobernanza criminal territorial en algunas zonas.

Cuarta: diversificación de economías criminales: extorsión, trata, armas, migrantes, tala, minería, comercio, lavado y control de mercados.

Quinta: afectación grave a derechos humanos, democracia local, prensa, comunidades, mujeres, jóvenes y víctimas.

¿Qué recomendaciones de política pública formula la UNODC a partir de su diagnóstico?

La UNODC insiste en que los sistemas de justicia penal por sí solos no pueden desmantelar la delincuencia organizada; se requieren respuestas que atiendan también las condiciones económicas y sociales que permiten su expansión.

Para México, eso implica: fortalecer inteligencia financiera; perseguir redes patrimoniales, no sólo líderes visibles; proteger comunidades, periodistas, buscadoras y autoridades locales; combatir corrupción policial, ministerial, judicial y aduanera; controlar precursores químicos; intervenir economías regionales capturadas; atacar extorsión como delito estructural; fortalecer cooperación internacional; incorporar enfoque de derechos humanos y género; y reconstruir presencia estatal en territorios bajo control criminal.

En diversos grados, los gobiernos de la 4T, tanto el de la Presidenta Claudia Sheinbaum como el del Presidente AMLO han aplicado prácticamente todos los puntos anteriores, pero aún hay camino por recorrer.

Los actores políticos, a su vez, deben tener altura de miras para ver y comprometerse más allá de sus intereses electorales inmediatos, así como asumir una política de Estado en materia de seguridad ciudadana y combate al crimen organizado que tenga como meta la

paz y la seguridad de la próxima generación, y no la de ganarle la próxima elección a quien se encuentre gobernando.

Frente al poder criminal híbrido, se requiere visión de Estado, no de Partido, y en este sentido, la 4T avanza con firmeza, pues la presente administración la tiene como eje central de su programa de gobierno. Y si algo deja en claro el informe de la UNODC es que ese poder del crimen no se enfrenta con buenas intenciones ni con discursos, sino con capacidades institucionales sólidas, sostenidas en el tiempo y blindadas frente a los ciclos electorales.

El gobierno de la Presidenta Sheinbaum ha dado pasos relevantes que merecen ser reconocidos: fortalecimiento de la inteligencia financiera; creación de la Guardia Nacional, con un enfoque de despliegue territorial permanente; Programas Sociales, que atienden las causas estructurales de la desigualdad, y un discurso que coloca a las víctimas en el centro. Sin embargo, algunas exigencias planteadas en el informe de la UNOCD van mucho más allá de lo que cualquier Administración, por sí sola, puede cumplir en un sexenio.

El primer gran desafío es la cooperación entre poderes. La UNODC subraya la necesidad de combatir la corrupción policial, ministerial, judicial y aduanera. Esto implica una reforma profunda del sistema de justicia que no puede ejecutarse desde el Ejecutivo en solitario; requiere, por ejemplo, que el Poder Judicial asuma su responsabilidad en la depuración de las y los Jueces y Magistrados que facilitan la impunidad, y que el Legislativo destine los recursos necesarios para modernizar Ministerios Públicos, peritajes y sistemas de protección a operadores de justicia.

Otro desafío es la coordinación con los gobiernos estatales y municipales. La gobernanza criminal se reproduce, precisamente, en los intersticios que deja un federalismo descoordinado. Mientras haya Policías Municipales infiltradas, Presidencias Municipales que negocian con grupos criminales a cambio de tranquilidad aparente, o Gobiernos de Estados que ven la seguridad como un asunto solo de la Federación, la estrategia nacional estará condenada a la fragmentación.

La visión de Estado exige que todos los niveles de gobierno asuman su corresponsabilidad, para someterse a mecanismos rigurosos de control, certificación policial y transparencia, y no solo para exigir recursos a la Federación.

El tercer desafío no es menor: la altura de miras de los actores políticos. La lucha contra el crimen organizado es demasiado larga, compleja y dolorosa, y una eficiente acción pública al respecto debe construirse con acuerdos de largo aliento, con mecanismos de evaluación independientes y con la humildad de reconocer que los resultados no siempre serán lineales ni visibles en el corto plazo.

La UNODC recomienda atacar la extorsión como delito estructural, proteger a Periodistas y Grupos u Organizaciones Buscadoras, intervenir economías regionales capturadas y reconstruir la presencia estatal en territorios bajo control criminal.

Estos objetivos se logran tanto con operativos militares como con inversión social, certeza jurídica, acceso a la justicia y una presencia institucional que ofrezca a las personas o comunidades algo más valioso que lo que el crimen organizado supuestamente concede: dignidad, seguridad y proyecto de vida.

Las próximas generaciones no juzgarán con base en los triunfos electorales, sino en las condiciones del país que les heredemos. Y en ese legado, la paz y la seguridad pesan mucho más que cualquier bandera partidista.

  ricardomonreala@yahoo.com.mxX:  @RicardoMonrealA