Estado mexicano retrocede en la procuración de los derechos de los hablantes de lenguas indígenas.

El estado mexicano y sus instituciones, en especial las relacionadas con los ámbitos judicial, de salud, agraria y comunitaria, entre otras, en los años recientes en lugar de avanzar ha retrocedido en el fomento y procuración de los derechos de los hablantes de lenguas indígenas, tanto en la Ciudad de México como en el resto del país.

En el marco del Día Internacional del Traductor e Intérprete, la Organización de Traductores Intérpretes Interculturales y Gestores en Lenguas Indígenas A.C (OTIGLI A.C), advirtió que la reducción en el número de hablantes de lenguas indígenas en México y de solicitudes de servicios de traductores indígenas en ámbitos mencionados, son muestra de los anterior

En conferencia de prensa, Fausto de Jesús González, Guillermo Alejo y María López, integrantes del consejo de OTIGLI A.C, aseguraron que por lo anterior es necesario, ”redireccionar” la política  gubernamental con respecto a la defensa de las lenguas indígenas, ya que la imagen de defensa y respeto a las comunidades y grupos indígenas que presenta el gobierno mexicano no se traduce en resultados ni hechos concretos.

En el marco del Internacional del Traductor, la Organización de Traductores Intérpretes Interculturales y Gestores en Lenguas Indígenas A.C. OTIGLI A.C. hace un llamado a las instituciones públicas de la Ciudad de México y de todo México a garantizar, en la práctica, los derechos lingüísticos de los pueblos y comunidades indígenas.

La diversidad lingüística de nuestro país constituye una riqueza cultural y un elemento fundamental de la identidad de los pueblos indígenas. El marco jurídico mexicano reconoce el derecho de las personas hablantes de lenguas indígenas a comunicarse en su propia lengua y establece obligaciones para que puedan acceder plenamente a los servicios públicos, a la justicia y otros ámbitos sin que la lengua constituya una barrera.

La Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, reconoce el derecho de toda persona hablante de una lengua indígena a comunicarse en ella, tanto en el ámbito público como privado.

Asimismo, establece el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a acceder a la jurisdicción del Estado en su lengua y dispone que las autoridades responsables de la procuración y administración de justicia provean lo necesario para que sean asistidos gratuitamente por intérpretes y defensores con conocimiento de su lengua y cultura.

La legislación específica de la Ciudad de México, también establece que las lenguas indígenas nacionales habladas en la capital del país son válidas, al igual que el español, para asuntos y trámites públicos y reconoce el derecho de las personas hablantes de lenguas indígenas a acceder a los servicios públicos en sus propias lenguas, con derecho a intérprete o traductor.

Desde el plano institucional y legislativo han mostrado interés en el tema; sin embargo, no son suficientes cuando no se aterrizan a la realidad y persisten prácticas de racismo estructural, que impiden el pleno cumplimiento de estos derechos, por lo que consideramos necesario visibilizar los siguientes retos que persisten en la práctica:

•         Insuficiencia de intérpretes y traductores para determinadas lenguas y, particularmente, para algunas variantes lingüísticas.

•         Falta de compromiso de las instituciones Públicas para la formación especializada a intérpretes y traductoras en el ámbito de justicia, salud, administrativo, comunitario y derechos humanos.

•         Dificultades en la contratación y pago oportuno de los servicios profesionales.

•         Falta de reconocimiento suficiente de la responsabilidad profesional que implica interpretar o traducir en contextos donde están en juego derechos fundamentales.

•         Necesidad de fortalecer la perspectiva intercultural de las instituciones públicas.

La existencia de un marco jurídico que reconoce este derecho constituye un avance fundamental; el desafío es asegurar que ese reconocimiento se traduzca en prácticas institucionales efectivas y accesibles para las personas y comunidades indígenas.

Hoy reconocemos especialmente a quienes contribuyen a que las lenguas indígenas estén presentes en los tribunales, fiscalías, defensorías, hospitales, escuelas, instituciones públicas y demás espacios donde se ejercen derechos lingüísticos.

La interpretación y traducción en lenguas indígenas no es un favor ni una concesión: es una herramienta para hacer efectivos derechos reconocidos jurídicamente.

Desde OTIGLI A.C. reiteramos nuestro compromiso con la profesionalización, dignificación y reconocimiento de las personas intérpretes y traductoras de lenguas indígenas y con esto incidir en la construcción de instituciones públicas verdaderamente interculturales.

“Ninguna lengua debe ser una barrera para ejercer un derecho.” Por la dignificación de quienes interpretan y traducen nuestras lenguas indígenas de México.