Estado debe responda por omisiones en denuncias de despojo se debe evitar que los casos queden abandonados

EDMUNDO OLIVARES ALCALA. ………………………

En la Ciudad de México se reportan de 9 a 11 denuncias diarias por despojo. Y las autoridades correspondientes se cruzan de brazos y protegen a los invasores quienes aprovechan todo momento, para apoderarse de un inmueble.

Las personas de la tercera edad son las principales víctimas de despojos de inmuebles en la Ciudad de México, el 37% de las víctimas son personas mayores de 60 años.

Desde el 2000, iniciaron a conformarse las bandas delictivas y en el 2002, se incrementó el delito y entre los principales responsables, miembros de estas bandas estaban notarios, jueces, la Dirección General del Registro de la propiedad y otras personalidades del PRD.

El entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, tuvo que destituí a los titulares del Registro Público de la Propiedad, entre estos s Ricardo Molina y nombro a el Licenciado Héctor Muñoz Ibarra, quien por cierto siue en el cargo y aumentan los fraudes con escrituras radicadas en dicha dependencia.

Como parte del paquete de iniciativas que Acción Nacional impulsa para combatir el despojo en la Ciudad de México, el Coordinador del GPPAN, Andrés Atayde, presentó ante el Pleno una propuesta para establecer responsabilidad institucional por omisiones en la atención de denuncias por este delito.

 El legislador señaló que el despojo no representa únicamente la pérdida de un inmueble, sino una amenaza directa al patrimonio, la seguridad y la tranquilidad de las familias, particularmente cuando las autoridades no actúan oportunamente.

 “Los anuncios no sustituyen los derechos exigibles; los compromisos administrativos no sustituyen las obligaciones legales; y una autoridad que llega tarde puede permitir que el daño se vuelva irreparable”, afirmó.

 La iniciativa plantea que las denuncias sean registradas y asignadas el mismo día en que se presentan y que, cuando exista riesgo de que el despojo se consume, continúe o se agrave, la autoridad analice de manera inmediata las medidas que correspondan, como inspecciones, medidas de protección o solicitudes de aseguramiento.

 También propone que las víctimas sean informadas sobre las determinaciones de la autoridad y que los casos que no presenten avances sean revisados por una superioridad jerárquica, evitando que una carpeta permanezca sin seguimiento.

Como rendición de cuentas, se plantea además la publicación trimestral de estos indicadores en datos abiertos, para que ciudadanía, Congreso y órganos de control puedan conocer el desempeño institucional.

El Coordinador panista aclaró que la propuesta no crea nuevos delitos ni establece sanciones automáticas para las personas servidoras públicas, sino que fija obligaciones y mecanismos de supervisión, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia.

Asimismo, establece que cuando una omisión de la autoridad contribuya  a la consumación, continuación o agravamiento del despojo, las personas afectadas puedan reclamar responsabilidad patrimonial del Estado, siempre que acrediten el deber legal incumplido, el daño y la relación directa entre la omisión y el perjuicio.

“Ésta no es una iniciativa contra la Fiscalía. Es una iniciativa para fortalecerla. No pretende castigar por castigar. Pretende prevenir, supervisar y corregir”, sostuvo Atayde.

Finalmente, afirmó que quienes son víctimas de despojo necesitan certeza de que su denuncia será atendida y de que habrá consecuencias cuando una autoridad incumpla con sus obligaciones.

 “La ciudadanía no espera que las instituciones se culpen entre sí. Espera que actúen. La justicia tardía, en estos casos, puede convertirse en una nueva forma de injusticia”, concluyó.

 La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Administración Pública Local para su análisis y dictaminación.