Establecer marco legal permita implementar tecnología invasiva escuelas básico y medio superior

A fin de implementar protocolos en las escuelas para la detección de armas u objetos peligrosos, por medio de la instalación de escáner o detectores de metales, la diputada Elizabeth Mateos Hernández (MORENA) presentó en el Congreso local una iniciativa para reformar la fracción II del artículo 1° de la Ley para la promoción de la convivencia libre de violencia en el entorno escolar de la Ciudad de México.

“La seguridad en nuestras escuelas no es una moda ni una ocurrencia. Es una urgencia real y una responsabilidad compartida. Y desde esta tribuna no vengo a hablar desde el miedo, vengo a hablar desde la prevención, desde la paz, desde el cuidado, desde la transformación profunda de nuestras instituciones educativas”, afirmó.

Reconoció los avances logrados en la Ciudad de México con programas como “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, los Comités de Protección Civil Escolar y los Centros de Atención para Estudiantes con Conductas de Riesgo, sin embargo, recordó que el pasado 19 de marzo en el CCH Naucalpan un estudiante agredió con un arma blanca a su profesor durante una clase, y semanas antes, en el mismo plantel se detonaron armas de fuego.

La legisladora Mateos Hernández lamentó que recientemente en la alcaldía Gustavo A. Madero un estudiante fue sorprendido con un arma de fuego en su mochila; en noviembre de 2023 en una secundaria de Azcapotzalco un alumno llevó un cuchillo a clase tras ser amenazado; en febrero de 2024, en Iztapalapa una alumna denunció la presencia de un arma en los baños; y en septiembre de 2023 en Puebla, un joven ingresó a la escuela con una pistola y fue detenido.

“Presento esta iniciativa, para establecer un marco legal que permita implementar tecnologías no invasivas (escáneres y/o detectores de metales) en las escuelas de nivel básico y medio superior. Este protocolo no será exclusivo ni discrecional, estará diseñado para aplicarse de forma universal, equitativa y sin distinciones. Será para todas las personas que integran la comunidad escolar: alumnas y alumnos, personal docente, administrativo, de intendencia, madres y padres de familia”, indicó.

Expresó que esta propuesta constituye una herramienta preventiva, no punitiva, y que no sustituye la labor emocional, psicosocial ni comunitaria, pero sí la complementa.

“El programa Mochila Segura fue una iniciativa legítima, con fines preventivos valiosos. Lo que dijo la Suprema Corte no fue que estaba mal, sino que faltaba un marco legal que garantizara el consentimiento, la privacidad y la equidad. Hoy estamos construyendo ese marco. Hoy estamos fortaleciendo esa visión, no cancelándola”, expuso. En este sentido, exhortó a los Congresos estatales de todo el país

a replicar este modelo y adaptarlo para hacer de “Escuela Segura” una política nacional, tras reseñar casos internacionales como el de Reino Unido, donde combinaron tecnología con bienestar emocional, y lograron menos violencia y un mejor ambiente escolar.