Establecen diálogo transparente abierto, Ley general búsqueda de personas desaparecidas

La capacitación y profesionalización para el personal ministerial, policial y pericial, así como la obligación de toda autoridad para alimentar el banco de datos forenses, de personas desaparecidas ésta en marcha

En principio, reconocer a las víctimas directas e indirectas, integrantes de los colectivos de familiares de personas desaparecidas, por la incansable lucha que encabezan diariamente para la búsqueda, localización, e identificación de sus seres queridos.

 Recordar que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo instruyó atender como una prioridad de su gobierno este tema y envió al Senado de la República la iniciativa de reforma a la Ley en Materia de Desaparición, donde se consideró una Plataforma Única de Identidad, la cual integra la CURP con huella y fotografía desde la infancia.

Con activación inmediata en todo el país, haciendo obligatoria la participación de autoridades y entidades públicas y privadas, se inició

 La Base Nacional de Carpetas de Investigación con registro único actualizado en tiempo real por las fiscalías especializadas y operado por la Fiscalía General de la República.

Que autoridades de los tres niveles de gobierno vinculen sus sistemas y registro con la Plataforma Única de Identidad.

Que particulares como laboratorios, funerarias y hospitales habiliten servicios gratuitos de consulta y acceso en tiempo real a sus archivos y bases biométricas para facilitar la búsqueda e identificación.

 El Fortalecimiento Institucional para que las fiscalías cuenten con unidades de análisis de contexto, áreas de búsqueda inmediata, y de larga data.

Inicio inmediato de investigaciones y activación de acciones inmediatas entre fiscalías especializadas y Comisión Nacional de Búsqueda.

En cumplimiento a la instrucción presidencial, hemos escuchado el sentir, las demandas e inconformidades de las víctimas, familiares, colectivos y representantes, quienes han acudido a estos espacios de diálogo, aquí, en la Secretaría de Gobernación, los cuales hemos dignificado y construido juntas y juntos.

Han sido 90 mesas de diálogo y atención en estos últimos meses, que nos han permitido conocer y abordar las preocupaciones y necesidades de familiares y colectivos para mejorar institucionalmente en el ámbito de competencia de cada autoridad y actuar con la debida diligencia.

Coincidir en estos espacios con la participación de distintos funcionarios y colectivos nos ayuda a identificar áreas de oportunidad, y a cumplir con su instrucción de fortalecer la coordinación interinstitucional y mecanismos eficaces y suficientes que garanticen el acceso a la justicia, a la verdad, a la paz y a prevenir escenarios de corrupción, impunidad y desaparición de personas.

 En este sentido, hemos coordinado las mesas de diálogo contando con la participación de 17 dependencias internas y externas del Gobierno de México, entre las cuales están la Dirección General de Registro Nacional de Población, la Fiscalía General de la República, la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, la Comisión Nacional de Búsqueda, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos; el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México.

Con la participación de más de 450 colectivos y familias representadas por redes y plataformas, se recabaron 570 propuestas legislativas y también en política pública, relacionados con cinco ejes de trabajo.

Uno, búsqueda y seguridad; dos, identificación humana forense; tres, bases de datos y sistemas de información; cuatro, bienestar; y cinco, prevención.

Después de varias jornadas productivas, se concentraron en 30 propuestas generales para que fueran integradas al texto de la iniciativa ya mencionada, entre ellas destacan, ¿qué cosa es lo que propusieron, en resumen, los colectivos y familias de las personas desaparecidas?

Uno, la emisión de un protocolo claro para activar la Alerta Nacional de Búsqueda. Otro, el reconocimiento de la familia social.

Protección y tratamiento a datos personales. Incorporación de autoridades y servicios para la consulta de bases de datos y facilitación en la búsqueda e identificación.

 Asegurar el trato y resguardo digno de los restos humanos. Fortalecimiento del Sistema Nacional de Búsqueda. Rendición de cuentas y temas relacionados con las bases de datos forenses.

Acciones –muy importante– las acciones de bienestar integral, con énfasis para hijas e hijos de personas desaparecidas, es decir, protección par

Y finalmente, la sensibilización para la población en general para prevenir factores de riesgo.

Por eso, no basta con la aprobación de la ley; estamos trabajando en las consideraciones que nos han planteado, así como la armonización de instrumentos normativos para el diseño de una política pública en la materia.

Nos hemos propuesto caminar y trabajar juntas y juntos para encontrar soluciones y abordar de manera efectiva el tema que nos ocupa con dedicación y compromiso. Somos sensibles a la preocupación que se nos ha manifestado respecto al tema de seguridad en algunas entidades del país.

 Se sigue trabajando de manera coordinada con las autoridades competentes para mejorar los sistemas de prevención y reducción de riesgos, así como para ampliar las capacidades de respuesta y disminuir con ello la vulnerabilidad que nos han compartido.

Daremos continuidad a nuestras mesas de diálogo para seguir fortaleciendo las prácticas y lógicas institucionales que ayuden en las actuaciones para brindar una atención responsable, ética, empática, transparente y sensible.

Hemos dado un paso muy importante con la participación de los integrantes de colectivos a través de sus aportaciones en la iniciativa de reforma a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

 No nos es ajeno el dolor de lo que representa la ausencia de un ser querido, estamos con las víctimas de la mano y también con el corazón en este difícil camino.

Seguimos trabajando con las víctimas. No se trata de una promesa vacía, sino de cumplir con la obligación que tenemos todas las instituciones del país.