Esperan víctimas de colapso en Línea12 Carso pague indemnización reales cumpla resolución Tribunal Colegiado

Cuatro años después del colapso de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, ocurrido el 3 de mayo de 2021, la justicia no ha llegado a 12 las víctimas, que pese al tiempo continúan en litigio y exigen al Poder Judicial determine la responsabilidad penal de cada uno de los involucrados y deje de dilatar el proceso, incluida la empresa constructora del tramo que se vino abajo, Grupo Carso.

Además, informaron que obtuvieron un amparo contra Carso Infraestructura y Construcciones para que las indemnizaciones que entregó a las víctimas sean revaloradas y asignadas de acuerdo a la capacidad económica de la constructora.

Carso entregó indemnizaciones no compatibles con la realidad del daño a las vÍctimas, quienes se inconformaron y ganaron un amparo, el cuál se notificó a la empresa.

Ahora, el Poder Judicial de la Ciudad de analizar las lesiones sufridas de cada una de las víctimas, y lograr una reparación del daño integral.

Son 12 personas que exigen una justa reparación integral del daño y castigo a los responsables de la tragedia, que generó la pérdida de 26 vidas y perjuicios irreparables, porque les habían entregado recursos qué no sirvieron para recuperar su vida, hasta como estaba antes del colapso de la Línea 12.

Hasta el momento, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se apartó de los afectados que continúan el pleito en los tribunales y ha quedado al descubierto el contubernio que tenía con Grupo Carso para engañar a las

víctimas y firmaran los acuerdos reparatorios y más allá de cumplir con su obligación constitucional, los dejó a su suerte, aseguraron los afectados.

De igual forma, las víctimas señalan que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reusó a su papel de representante social de ellas y se dedicó a litigar en favor de la empresa constructora, con el argumento de lograr una justicia restaurativa, aun cuando los procesos reparatorios resultaron insuficientes.

Grupo Carso, empresa constructora involucrada en la obra, está obligada a pagar ahora una indemnización justa, correcta a los reducidos montos propuestos a las víctimas, a través de un fallo en su contra.

La empresa solicitó un amparo para no pagar una indemnización justa, lo que fue rechazado por la SCJN, porque la empresa no cumplió con los requisitos para la discusión de dicho recurso.

Por tal motivo, quedó firme la sentencia del Tribunal Colegiado, el cual determinó que se debía dar una indemnización justa, y aumentar realmente la reparación del daño a los agraviados.

Eso representa un avance significativo en la larga y tortuosa búsqueda de justicia para las más de 100 personas afectadas por la tragedia que dejó 26 muertos y decenas de heridos.

La resolución judicial, que revoca un amparo otorgado previamente a Grupo Carso, marca un punto de inflexión en un proceso judicial plagado de demoras y controversias.

Durante estos cuatro años, familiares de las víctimas y sobrevivientes han denunciado la lentitud de las investigaciones y la aparente falta de voluntad de las autoridades para llevar a los responsables ante la justicia.

“El Tribunal capitalino sigue entrampado con los procesos de amparo que interpusieron los nueve procesados, con la clara intención, no solo de empantanar, sino de alargar todo el tiempo posible el caso, con la finalidad de que las víctimas se desistan de seguir adelante con la acusación. La indignación se ha mantenido latente ante la percepción de impunidad y la falta de una reparación integral del daño”, expuso Teófilo Benítez Grados, asesor jurídico de 12 víctimas.

En estos cuatro años, las personas que no han desistido de exigir justicia a los jueces han encontrado diversas dificultades para seguir adelante en su andar diario, aseguran que no volvieron a encontrar trabajo, los recursos y sus ahorros se agotaron y se vieron en la necesidad de recurrir a familiares y amigos para mantenerse en el día a día.

“La indemnización otorgada por Grupo Carso, aunque representa un avance, no cubre la totalidad de nuestras pérdidas sufridas. Además de las vidas perdidas, muchas de nuestras familias se enfrentan a secuelas físicas y psicológicas, así como a problemas económicos derivados de la tragedia, que no encuentran solución”, dijo una de las víctimas.

El fallo judicial contra Grupo Carso se suma a otras investigaciones y procesos judiciales en curso relacionados con el colapso, ya que aun cuando las instituciones capitalinas han dejado a la deriva a mujeres y a hombres afectados por el colapso de la Línea 12 del Metro, recurrirán a organismos internacionales para exponer su caso y obligar al Estado Mexicano a que vele por el derecho de las víctimas y se genere una autentica reparación del daño causado.

La lentitud del proceso judicial generó un profundo descontento entre las víctimas y sus familiares, quienes exigen una investigación exhaustiva y transparente que determine las responsabilidades y garantice una reparación integral del daño.

La lucha por la justicia ha sido marcada por movilizaciones, protestas y la presión constante sobre las autoridades para que se aceleren las investigaciones y se impartan las sanciones correspondientes.

También, las víctimas pidieron a los jueces poder valorar nuevas pruebas, en grabaciones, en las que las autoridades aceptan que la Línea 12 del Metro debía ser reemplazada en su totalidad, para volver a evitar una tragedia como la ocurrida hace 4 años.

"Hemos ganado amparos para que el gobierno de la Ciudad de México fuera obligado a dar seguridad en todas las líneas del Metro, además ganamos que compareciera la entonces directora del Metro, Florencia Serranía, y la Fiscalía no la quiso dejar comparecer, pero ahora sale en los audios donde acepta su responsabilidad, entonces exigimos justicia, que se meta a la cárcel a los culpables y ahora que se cumpla el último amparo y se vuelvan a hacer las valoraciones para una indemnización justa y reparatoria a las víctimas, en caso de que los magistrados no acatan esta resolución los vamos a demandar”, indicó Benítez Granados, asesor jurídico de las víctimas.