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Espacios seguros para menores regresen con madres reclusión

12 abr 2021
2 min de lectura

El Congreso capitalino analiza un exhorto para que las autoridades penitenciarias habiliten espacios con condiciones y medidas sanitarias seguras para que se permita el acceso a niñas y niños que fueron separados de sus madres a causa de la emergencia por el virus SARS-CoV-2.

El Diputado Alfredo Pérez, promovente del Punto de Acuerdo, informó que, de acuerdo con la normas vigente, un menor nacido en reclusión puede vivir con su madre hasta los seis o siete años, después suelen quedarse con familiares o bajo custodia del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF).

“Las mujeres que viven en las cárceles, no sólo de la Ciudad de México, sino de todo el país, además de ser población vulnerable, son un sector prácticamente olvidado e invisibilizado; aunado a lo anterior, las y los niños que no cuentan con familiares cercanos tienen las mismas condiciones de vida, alimentos y encierro”, consideró.

Agregó que para muchas madres en reclusión, la cuarentena provocada por el COVID-19 se ha convertido en una doble sentencia a la vez que, según la opinión de especialistas en la materia, la separación causará estragos psicológicos en los menores, a largo plazo.

De acuerdo con cifras del Sistema Penitenciario local, en los dos centros de reclusión que albergan población femenil, antes de la emergencia había 52 menores y esa cantidad disminuyo a 31, lo que significa que al menos 20 madres recluidas optaron por separarse de sus hijos, como medida precautoria ante la emergencia sanitaria.

“Se les recomendó retirar de manera voluntaria a sus hijos, por lo que algunas progenitoras aceptaron la propuesta. En razón de esta situación, se exhorta a las autoridades penitenciarias a habilitar espacios seguros para que los infantes puedan volver a los penales, entendiendo que muchos de ellos son muy pequeños y dependen de los cuidados maternos.”, concluyó.

La proposición con Punto de Acuerdo será analizada y dictaminada por la Comisión de Administración Pública Local con opinión de la Comisión de Igualdad de Género.


 
 
 

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