Encubre Jaime Bonilla a Manuel García Soto

El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, fue acusado de proteger y respaldar a Manuel García Soto para realizar cobros millonarios y excesivos de servicios.

De acuerdo con la queja 12/2020 interpuesta ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y mediante juicios de amparo muchas empresas han evitado pagar sumas irreales de dinero.

Incluso, empresarios se quejan de que las Comisiones Estatales de Servicios Públicos a través de Fisamex les requieren pagos millonarios hasta tres veces, pese a que ya acudieron a pagar lo que las primeras auditorías determinaron en un primer momento.

Señalan que con un documento llamado “presupuesto”, pretenden obligarlos a pagar bajo la advertencia de suspenderles el servicio o ser inspeccionados por STPS y Coepris. Autoridad responde que cobros son en apego a la Ley y comienza a fincar créditos fiscales con multas.

La persecución que el gobierno de Jaime Bonilla Valdez, a través de Manuel García Soto ha hecho en contra de los empresarios por presuntos adeudos de agua, no termina

Por órdenes directas de un Juzgado federal, a MANUEL GARCÍA SOTO, director general de Fisamex, la cobradora consentida del mini gobernador JAIME BONILLA VALDEZ, se le fueron de sus sueños 3 millones 200 mil pesos.

Esa cantidad es la que se hubiera embolsado de proceder el cobro de 16 millones de pesos que pretendía hacer a la empresa San Grato (La gran Vía) por un supuesto adeudo a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM).

Como es bien sabido, lo que diga GARCÍA SOTO es avalado por BONILLA VALDEZ, quien ordena de inmediato a los titulares de las diversas Comisiones de Servicios Públicos que suspendan el servicio a las empresas que según Fisamex tienen deudas pendientes con éstas.

Fue así que a mediados de junio, hace dos meses ya, le llegó la orden a HÉCTOR SOTO IBARRA, -entonces director general de la CESPM,- de cortarle el servicio a San Grato (Centro Comercial La Gran Vía), pero se negó a hacerlo al considerar que no había motivos para ello.

Quien sí se apuntó para hacer lo ordenado por el mini gobernador, fue ARMANDO FERNÁNDEZ SAMANIEGO, entonces subdirector comercial de la paraestatal de la que ahora es titular, después de que a SOTO IBARRA le pidieran la renuncia por no acatar la instrucción de BONILLA VALDEZ.

A su vez, CARLOS GRATIANNE, cabeza principal de San Grato, se negó a pagar lo que cobraba Fisamex e interpuso un recurso de amparo que finalmente se resolvió a su favor la semana pasada.

Así, la orden de la autoridad federal a la CESPM fue reponer a esa empresa el suministro de agua potable y servicio de drenaje sanitario.

Claro, con la advertencia de que de no hacerlo serían denunciados ante al Ministerio Público de la Federación.

Ante esta situación, a FERNÁNDEZ SAMANIEGO no le quedó otra salida más que reponer los servicios suspendidos dos meses antes para no correr la misma suerte que RIGOBERTO LABORÍN VALDEZ, separado de la Dirección General de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana por desobedecer a un juez, aunque luego fue cobijado por SALOMÓN FAZ APODACA, incrustándolo en la nómina de la Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua, de la cual es titular.

Tras la aparición de la sonorense Fisamex en Baja California, ya han caído directores de tres de las cuatro Comisiones de Servicios Públicos que operan en la entidad.

A SOTO IBARRA y LABORÍN VALDEZ su suma GONZALO LÓPEZ LÓPEZ, de Tecate, a quien separaron del cargo por negarse a cortar el servicio de la cervecería que tiene el mismo nombre del único pueblo mágico de esta entidad.

Todo ha sido originado por las auditorías a modo de GARCÍA SOTO y su gente, que ya se han embolsado 200 millones de pesos por el correspondiente 20% de lo cobrado a varias empresas, que según dijo BONILLA VALDEZ, ayer ya sumaban mil millones de pesos.