En el sistema de justicia de Jalisco no cuenta suficiente presupuesto

La justicia en Jalisco muestra una asimetría presupuestal importante: la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas recibe 31 centavos por cada peso que recibe la Defensoría Pública, mientras que ésta recibe sólo 6 centavos por cada peso que recibe la Fiscalía.

La impunidad en Jalisco disminuyó casi dos puntos porcentuales con respecto a 2019: pasó del 96.1% de los delitos investigados al 94.5%.

Para la evaluación de 2020, Jalisco apenas está alcanzando el nivel de consolidación del sistema de justicia penal que se esperaba en 2016.

El estudio Hallazgos desde lo local: Jalisco –una evaluación al sistema de justicia penal de México Evalúa– muestra que el Índice de Impunidad Estatal (IIE) en 2020 fue de 94.5% y tuvo una disminución de casi dos puntos porcentuales, ya que en 2019 fue de 96.1%.

Dicho indicador contempla sólo los casos denunciados e investigados. Por lo demás, la cifra negra en la entidad es de 91.2% para 2020, la más baja alcanzada desde 2012.

Datos como los anteriores se pueden obtener en el estudio, que analiza a detalle las capacidades y los resultados de cada institución que integra el sistema de justicia penal, así como la confianza de los ciudadanos en las instituciones y el conocimiento que tienen de las mismas.

Entre los hallazgos, se destaca que las proporciones entre los presupuestos asignados a las instituciones de justicia del estado muestran asimetrías sumamente importantes: la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, recibe 31 centavos por cada peso que recibe la Defensoría Pública, mientras que ésta recibe sólo 6 centavos por cada peso que recibe la Fiscalía, y esta última recibe 51 centavos por cada peso que recibe la Secretaría de Seguridad Pública.

“La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Defensoría Pública son las instituciones que representan al imputado y a la víctima, partes centrales en el proceso penal; sin embargo, son los actores menos beneficiados a nivel presupuestal, lo que claramente obstaculiza el alcance de la igualdad procesal establecida en el marco constitucional”, comentó Chrístel Rosales, coordinadora del programa de Justicia de México Evalúa.

Al analizar el personal encargado de la procuración de justicia por cada 100 mil habitantes, sobresale que la entidad cuenta con 16.1 policías ministeriales –por encima del promedio nacional, que es de 14.8 por cada 100 mil habitantes–; sin embargo, en cuanto a defensores públicos, peritos, ministerios públicos, asesores jurídicos y jueces, Jalisco se encuentra muy por debajo de la media nacional.

El estudio destaca también que, aunque la profesionalización de los operadores es una condición necesaria para la consolidación del sistema de justicia penal acusatorio, ninguna institución implementa cabalmente un Servicio Profesional de Carrera, aunque el Poder Judicial y la Secretaría de Seguridad Pública tienen elementos que pueden aprovecharse para cumplir con esa condición.

“Para la evaluación de 2020, Jalisco apenas está alcanzando el nivel de consolidación esperado de 2016; además, los avances en sus condiciones para la operación, no se reflejan en el porcentaje de efectividad”, apuntó Enrique Bouchot, investigador del programa de Justicia de México Evalúa.

Entre las recomendaciones derivadas de la evaluación se destacó que la entidad debe avanzar en la profesionalización de los operadores del sistema de justicia; mientras que la Fiscalía debe avanzar en sus modelos de gestión con un plan de persecución penal para optimizar la investigación de los delitos.

Asimismo, la Secretaría de Seguridad Pública, el Poder Judicial y la Fiscalía deben revisar la alta proporción de detenciones ilegales (32%) y poner controles para evitarlas.