En el día internacional de los DH. persistencia de violaciones y la urgencia de medidas efectivas

En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, las organizaciones, redes y colectivos de derechos humanos y personas defensoras, hacemos un llamado urgente al Estado mexicano para cumplir de manera efectiva las recomendaciones internacionales emitidas por diversos mecanismos y organismos de Naciones Unidas, en particular aquellas formuladas durante el cuarto ciclo del Examen Periódico Universal (EPU). Resulta preocupante la persistencia de desafíos estructurales que continúan afectando el acceso y el ejercicio pleno de los derechos humanos en el país.

Preocupa especialmente la situación de personas defensoras de derechos humanos y periodistas en un contexto de violencia creciente. En 2025 se han registrado al menos seis periodistas y 14 personas defensoras asesinadas por su labor. La impunidad, la falta de respuestas institucionales y la ausencia de políticas de protección con enfoque de género, interseccional y territorial profundizan los riesgos. Lo anterior, afecta particularmente a personas y comunidades indígenas y organizaciones que defienden el agua, el medio ambiente y los derechos colectivos.

A ello se suma la creciente criminalización del periodismo mediante figuras como ciberasedio o delitos contra el honor en estados como Puebla y Michoacán. Además, leyes recientes —como la de Inteligencia en Seguridad Pública y la Ley General contra la Extorsión— contemplan tipos penales amplios que pueden someter a escrutinio la difusión de información y el uso de medios digitales, poniendo en riesgo la libertad de expresión.

En materia de desaparición forzada, aunque ha habido algunas iniciativas legislativas, estos avances siguen siendo insuficientes frente a la magnitud y la gravedad de esta violación de lesa humanidad. Miles de familias continúan buscando verdad y justicia sin una política de Estado que responda de manera integral, coordinada y con enfoque de derechos.

Al 30 de septiembre de 2025, el Registro Nacional contabilizaba 132,081 personas desaparecidas y no localizadas desde que comenzó el conteo: 102,447 hombres (77.56 %), 29,222 mujeres (22.12 %) y 412 personas no identificadas (0.31 %). Solo en septiembre de 2025 desaparecieron 1,406 personas, un promedio de 45 desapariciones por día, lo que evidencia la profundidad y persistencia de la crisis. A esto se suma la crisis de identificación forense con más de 72 mil restos sin identificar a la fecha. Aunado a la falta de políticas de prevención en todo el país.

En este contexto, las mujeres buscadoras continúan realizando, en condiciones sumamente precarias, tareas que corresponden al Estado: buscar, documentar, excavar, recuperar restos humanos y exigir verdad y  justicia, asumiendo riesgos que afectan su vida, salud física y emocional, así como sus proyectos de vida. Al menos 30 familiares de personas desaparecidas han sido asesinadas —cinco de ellas en 2025—, la mayoría mujeres.

Asimismo, sigue pendiente una regulación sólida en materia de empresas y derechos humanos, necesaria para prevenir los impactos de actividades extractivas y megaproyectos en el ambiente, las comunidades y los territorios. Esto es especialmente preocupante ante el impulso a nuevas inversiones mediante el Plan México, que no fue consultado con las comunidades ni con personas defensoras y promueve polos de desarrollo y parques industriales que afectan derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

De igual forma, continúa pendiente la aprobación de una Ley General sobre desplazamiento forzado interno, aun cuando este fenómeno se ha incrementado en diversos estados —como Chihuahua, Chiapas y Michoacán—, donde incluso hay comunidades que permanecen confinadas en sus territorios debido a disputas entre grupos del crimen organizado. Aunque algunos estados cuentan con normativas propias, estas resultan insuficientes y carecen de mecanismos efectivos de implementación.

En materia de derechos económicos, sociales y culturales, preocupa que, pese a la reforma laboral de 2019, persistan prácticas empresariales que vulneran la libertad sindical y la contratación colectiva, afectando salarios y condiciones dignas de trabajo. Las maquilas continúan concentrando graves violaciones con impacto particular en mujeres trabajadoras.

Asimismo, se agudiza la precarización de las y los trabajadores del Estado y la violación a sus derechos laborales. En el sector salud, en particular, se han denunciado retrasos en pagos, falta de insumos y recortes que dificultan garantizar el derecho a la salud de la población.

La situación de la protesta social sigue marcada por prácticas de represión, uso desproporcionado de la fuerza y marcos normativos que limitan el derecho a la manifestación. Además, desde distintos espacios de poder persiste la estigmatización hacia personas y colectivos que ejercen este derecho. Preocupa que los resultados de la estrategia de seguridad federal no correspondan con la realidad de las comunidades afectadas por grupos criminales, y que el despliegue permanente de la Guardia Nacional siga demostrando su ineficacia para mejorar la seguridad.

También alarma que la estrategia privilegie la militarización, ampliando tareas, presupuesto y poder económico de las fuerzas armadas e incorporando a la Guardia Nacional como cuarta fuerza armada sin un marco legal adecuado para regular su actuación.

En cuanto a los grupos históricamente vulnerabilizados, pese a los avances alcanzados, persisten retos significativos. En el caso de infancias, adolescencias y juventudes, se observan graves deficiencias en los sistemas de protección y en el fortalecimiento institucional necesario para garantizar sus derechos. Continúan la criminalización, la falta de acciones para prevenir el reclutamiento y las limitaciones para acceder a servicios de salud sexual y reproductiva integrales y amigables.

Las personas LGBTTTIQ+ continúan enfrentando discriminación estructural y violencias específicas que aún no encuentran una respuesta adecuada en las políticas públicas. En materia de derechos de los pueblos indígenas, si bien se reconoce la reciente reforma al artículo 2º constitucional, es imprescindible avanzar en la normatividad reglamentaria correspondiente y garantizar procesos reales de diálogo con los pueblos y comunidades.

En relación con las mujeres, hasta septiembre de 2025 se registraron 513 feminicidios, 1,607 homicidios dolosos de mujeres y 2,901 mujeres desaparecidas, lo que evidencia la persistencia de violencias graves.

Esta crisis se agrava por la impunidad, la falta de investigaciones con perspectiva de género y la ausencia de políticas de prevención integrales y coordinadas. Si bien se reconocen avances como la creación de la Secretaría de las Mujeres y la política de cuidados, estos esfuerzos aún resultan insuficientes frente a la violencia sistemática que enfrentan mujeres, adolescentes y niñas.

El sistema de acceso a la justicia enfrenta retos significativos ante la reforma al Poder Judicial, que plantea dudas sobre la suficiencia de los contrapesos institucionales y los mecanismos para garantizar la independencia de quienes imparten justicia.

La Fiscalía General de la República continúa mostrando limitaciones para responder a las expectativas de las víctimas, con avances insuficientes en la investigación de delitos de alto impacto y violaciones a derechos humanos.

La persistencia de la tortura, el avance de medidas punitivistas y la ampliación de la prisión preventiva oficiosa siguen vulnerando derechos fundamentales. En las últimas dos décadas, la tortura se ha dirigido especialmente a personas criminalizadas por su condición socioeconómica, origen étnico, actividades profesionales, identidad de género u orientación sexual, ocurriendo en un contexto de impunidad y sustituyendo al debido proceso mediante la fabricación de pruebas.

En movilidad humana, persisten graves obstáculos para acceder al asilo, al refugio y a un trato digno. Las políticas migratorias criminalizan a personas migrantes y refugiadas, exponiéndolas a extorsiones, secuestros, desapariciones, muertes violentas, xenofobia y uso excesivo de la fuerza. La militarización ha convertido la migración en un asunto de control.

Respecto a las personas privadas de la libertad, persisten prácticas punitivistas, deficiencias graves en las condiciones de detención y limitaciones en el acceso al debido proceso.

El aumento de la población penitenciaria —de 200,936 a 255,190 personas en cinco años— ha agravado la sobrepoblación y el hacinamiento, generando mayor violencia intracarcelaria, carencias en atención médica y servicios básicos, y condiciones que vulneran la dignidad humana.

Esto evidencia la urgencia de replantear el enfoque penal y garantizar políticas públicas que prioricen los derechos humanos y la reinserción social.

En este contexto, es fundamental que el próximo Plan Nacional de Derechos Humanos incorpore de manera explícita las recomendaciones internacionales dirigidas a México y establezca acciones concretas para su cumplimiento. Asimismo, consideramos esencial que el Gobierno federal establezca mecanismos de diálogo periódico con organizaciones de la sociedad civil para intercambiar información sobre los desafíos y avances, así como para asegurar el escrutinio público de las políticas implementadas.

Finalmente, exhortamos al Estado mexicano a instalar mesas semestrales de presentación de avances y evaluación de resultados, y a brindar acompañamiento técnico a los gobiernos estatales para la elaboración de programas de derechos humanos alineados con los estándares internacionales y orientados a transformar las condiciones estructurales que vulneran derechos en el país.

El respeto, protección y garantía de los derechos humanos requieren voluntad política, transparencia y colaboración. Reiteramos nuestra disposición para contribuir a este esfuerzo, con el firme compromiso de avanzar hacia un México más justo, seguro, igualitario y respetuoso de la dignidad de todas las personas.