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Emitir de inmediato la declaratoria reforma constitucional en materia salarios, tras más año de retraso

9 feb
2 min de lectura

LOBO NEGRO. …………………………..

El diputado federal Rubén Moreira Valdez presentó, una vez más, un Punto de Acuerdo para exigir al Senado de la República la emisión inmediata de la declaratoria de reforma constitucional correspondiente al proyecto de decreto que modifica el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de salarios, para beneficiar a policías, guardia nacional, médicos, enfermeras y maestros, con un ingreso mínimo, en este momento, de 18 mil pesos.

El exhorto tiene como objetivo destrabar el proceso legislativo y materializar los beneficios previstos para las y los trabajadores, cuya aplicación permanece detenida pese a haberse cumplido los requisitos constitucionales.

Moreira Valdez advirtió que más de un año de omisión en la conclusión de este procedimiento constituye un grave incumplimiento institucional, que puede interpretarse como un obstáculo al ejercicio pleno de la democracia y al fortalecimiento del Estado de derecho, en perjuicio directo de miles de trabajadores mexicanos.

El legislador del PRI subrayó que el Congreso de la Unión tiene la responsabilidad ineludible de concluir, en tiempo y forma, el procedimiento de reforma constitucional, lo cual incluye la emisión de las declaratorias correspondientes.

El político coahuilense recordó que, de acuerdo con información oficial de la Secretaría de Gobernación, disponible en el Sistema de Información Legislativa, desde el 14 de octubre de 2024 se alcanzó el número necesario de votos de los Congresos Locales (17) para proceder a la declaratoria de reforma constitucional, hecho que no se refleja en la página oficial del Senado de la República.

Finalmente, Rubén Moreira enfatizó que la declaratoria de reforma constitucional no es un trámite menor, sino la fase final del procedimiento, mediante la cual se reconoce formalmente la voluntad de la mayoría de los Congresos Estatales y se garantiza la legalidad y legitimidad de las modificaciones a la Carta Magna.

 

 
 
 

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