El verdadero origen de la corrupcióninmobiliaria de Sheinbaum y de Batres

La política corrupta inmobiliaria del actual jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, y de la candidata a la presidencia por Morena y aliados, Claudia Sheinbaum, debe de investigar y darse a conocer. “Tiran la piedra y esconden la mano”.

EL PAN presentó un paquete de nueve iniciativas y dos puntos de acuerdo, con los que busca reformar Ley de Procedimiento Administrativo, el Código Penal, el Código Civil y la Ley del Instituto de Verificación Administrativa y exhortar al jefe de Gobierno para que reforme el Reglamento de Construcciones.

Para el Grupo Parlamentario de Acción Nacional y su vicecoordinadora, la Diputada Gutiérrez Ureña, acabar con la corrupción inmobiliaria implica eliminar los vacíos legales y modificar las normas que generan recovecos y permiten a autoridades inmersas en corrupción del Instituto de Verificación Administrativa, llevar a cabo una mala verificación u omitir o falsear información que asienten en el acta de verificación y provoque una falta de sanción o bien, que el procedimiento sancionador que dicte la alcaldía, sea anulada por Tribunales Administrativos.

Desde 2010, las Alcaldías dejaron de contar con personal especializado en funciones de verificación para poder realizar las verificaciones administrativas, y desde aquel entonces, esta facultad y dicho personal es exclusivo del Gobierno de la Ciudad de México.

Por ello es que buscamos dotar de herramientas a las Alcaldías para sancionar a las construcciones irregulares toda vez que la Alcaldía actualmente se limita a calificar el acta de visita únicamente.

Por ejemplo, estas reformas Eliminan la posibilidad de que se invoque la nulidad del procedimiento administrativo, por el hecho de que el visitado o el INVEA no designen testigos, esta una de las formas más habituales con las que el INVEA genera beneficios legales a los verificados en Tribunales.

Para la Diputada Gutiérrez Ureña también es indispensable poner un alto a quien busca evadir la ley cuando ante la irregularidad de la construcción, y la decisión de la alcaldía de custodiar el folio real para evitar su venta, el dueño renta los departamentos obteniendo ganancias de la ilegalidad y burlando el trabajo ciudadano y de las alcaldías respecto al bien irregular por lo que, en tanto un inmueble sea objeto de un procedimiento de verificación en los que se haya determinado imponer sellos de suspensión o clausura, no podrá ser enajenado ni arrendado.

Si a pesar de esta imposibilidad, se llevara a cabo contrato privado, se busca tipificar la conducta como fraude. Esta reforma propone que el Notario Público, para poder escriturar, además de la manifestación de construcción, también tenga que tener a la vista el aviso de terminación de obra y la autorización de uso y ocupación que expida la Alcaldía, a fin de otorgar mayor seguridad de que el inmueble se terminó de construir conforme a la normatividad pues actualmente desde las preventas, se puede formalizar el contrato ante notario sin necesidad de que el inmueble esté terminado de construir.

Por último, se presentan exhortos al Jefe de Gobierno para reformar el reglamento de construcciones para elevar las sanciones para Que pueda imponerse clausura inmediata cuando sea evidente la construcción de una obra y el visitado se niegue a que el INVEA proceda con la verificación.

Con este conjunto de iniciativas desde Acción Nacional nos pronunciamos en favor de la estricta aplicación de la ley de TODAS y CADA una de las autoridades inmersas en la construcción inmobiliaria; desde el Gobierno de la CDMX a través del INVEA, como las alcaldías, notarías y tribunales administrativos.

No basta con reformas superfluas al código penal, como la propuesta por el Jefe de Gobierno que solo buscan dar nota, debe ser un compromiso real con el origen de esta corrupción, eliminando las verdaderas causas.