El transitorio, engendro político generará insurrección nacional

Con extraordinaria sapiencia jurídica, Alberto Woolrich Ortiz puso el dedo flamígero en la llaga de la justicia, hizo sonar el mallete para decretar conciencia entre la sociedad y los agentes de poder, al condenar la forma tan burda e ignominiosa de aquellos “proyectistas” que crean zozobra antijurídica al echar a andar la maquinaria de las provocaciones que podría acarrear funestas consideraciones si el máximo tribunal no se pone las pilas.

Si bien esos agentes abusan de la fuerza del poder en acciones innobles, para la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México, A. C., hoy más que nunca, México requiere que esta Cuarta Transformación de la Nación consolide una verdadera justicia constitucional, y no andarse con cuentos de establecer un régimen dictatorial en este tan sufrido país que en el escaparate internacional, ya consideran a México como una república bananera.

El abogado penalista Woolrich advierte que “muy a pesar de que el Presidente de la República en fechas pasadas envió al Congreso de la Unión una iniciativa de Ley Orgánica para ‘mejoras’ del Poder Judicial Federal, que presumiblemente de ser aprobada por la Cámara de Diputados -que sin duda lo será por un Legislativo sumiso al Ejecutivo-, automáticamente conseguirá la alzada y de protestas por parte de toda la Abogacía de la República”.

Esa aprobación –avizora Woolrich- chocará de manera frontal con nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que de manera clarísima todos sabemos lo que sostiene en su numeral 97. “En esta dicotomía de posiciones jurídicamente encontradas y diametralmente opuestas a nuestro Pacto Federal, no avizoramos otra solución que la justicia constitucional para ese punto grave de conflicto”.

Es por ello que la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México, A. C., sigue sosteniendo que la consideración de la Constitución como norma directamente aplicable por los tribunales y, por tanto, dotada de consecuencias jurídicas inmediatas y concretas, es una de las inmensas aportaciones del Congreso Constituyente del 17. Dicha asistencia se dio a la luz por aquella necesidad de armonizar y delimitar las competencias de los Poderes de la Unión.

Woolrich dijo que muy pronto los abogados habremos de compenetrarnos a la tarea de defender a nuestra Ley de Leyes frente a los injustos, ignorantes y malos ataques de la Cámara de Diputados. “Cuando los abogados sabemos, comprendemos y entendemos que un artículo transitorio es contrario a los valores y principios que la Constitución consagra y estipula, podemos y debemos intentar anular tal engendro político, expulsándolo de los ordenamientos legales.

Así –continuó- nuestros Tribunales de Justicia se convertirán en intérpretes supremos del Pacto de Carranza, desplazando y evitando el criterio de diputados y senadores. “Nuestra Suprema Corte de Justicia, si es que no denota sumisión, emitirá la decisión vinculante para todos los mexicanos y con ello se convertirá en el máximo intérprete del Texto Constitucional y ahí la Constitución será lo que la justicia dice que es”, refirió.

Ejemplifica con legados de excelentes juristas del pasado: “Lafayette, con su cultura, pensamiento y virilidad ya lo dijo: ’Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es, para el pueblo y para la porción del pueblo, el más sagrado de los derechos y el más indispensable de los deberes’”.

Nunca como ahora –remarca Woolrich- los políticos, diputados y senadores han pisoteado tanto la norma jurídica. “Las elecciones que les permitieron acceder a sillas, tribunas y curules, no fueron más que una charada que hoy resulta infamante en planteamientos y resultados estériles”.

Y sentencia: “La derrota a esa ignorancia de ciertos políticos, compete a la abogacía antes de que el pueblo sea insurrecto, somos los togados y México es un semillero de ellos, los que tenemos que exigir hoy más que nunca la existencia de una justicia constitucional que garantice efectivamente los derechos y libertades fundamentales de todos los mexicanos, impidiendo la pervivencia en nuestros ordenamientos legales de normas contrarias a la letra o al espíritu de nuestra Carta Magna y con ello se hará valer y obtendremos un equilibrio entre nuestros Poderes Constitucionales, resolviendo esos conflictos en Justicia Constitucional. Es cuanto”, concluyó.